El pasado 3 de abril, en la Comisión Tercera, donde se abordan los temas administrativos y de los entes descentralizados del municipio de Manizales, se invitó a Infimanizales para que informara sobre el proceso contractual de la Línea III del cable aéreo, sus avances y el plazo final para su entrega.

En dicha sesión, el gerente de la entidad afirmó que la Línea III debería ser entregada el 30 de junio del presente año y que, de no suceder improvistos extremos para sacar adelante el proyecto, la Administración municipal iniciaría procesos judiciales y contractuales contra el consorcio encargado de la obra.

Exactamente lo que dijo el gerente fue, pido excusas por lo extenso, pero es necesario para el contexto:

“El plazo contractual se vence en junio de este año. La Administración le ha dado instrucciones claras al contratista, a través de la interventoría, de que debe hacer todos los planes de contingencia necesarios frente a los posibles inconvenientes que tenga la ejecución, especialmente en la estación de Fátima. El contratista ha solicitado incluso desde el año pasado más plazo, pero nosotros estamos un poco obsesionados con que nos deben cumplir el plazo, porque es el que ellos mismos pusieron y que fue aprobado por el interventor. Si no nos demuestra que ha tenido hechos sobrevinientes de fuerza mayor o caso fortuito, esta Administración no está dispuesta a alargarles el plazo, y entonces entraríamos allí a trabar algunos conflictos de incumplimiento para la ejecución (…) sino, estarían expuestos a unas multas”.

Para todos está claro que el gran responsable del retraso que ya suma cerca de 30 meses fue la nefasta Administración de Carlos Mario Marín, y que es esta Administración la que está haciendo todo lo posible para que la obra se termine. También es evidente que siempre será preferible una obra entregada con retraso, que un elefante blanco sin terminar.

Pero lo que realmente molesta es salir a decir cosas que no se van a cumplir, sobre todo en un escenario como el Concejo, cuya principal tarea es hacer control político y seguimiento a los compromisos de la administración. Decir por decir, sin ejecutar, debilita la institucionalidad.

Aquí poco se respeta lo público. Y no hablo solo de los recursos, también me refiero a la institucionalidad, y, sobre todo a la ciudadanía. Si seguimos lanzando advertencias inocuas, que no se cumplen ni se hacen cumplir, lo público seguirá siendo el hazmerreír de todos, y algunos seguirán creyendo que con los recursos públicos se puede hacer lo que se les da la gana, sin enfrentar consecuencia alguna.

La Línea III del cable ha sido un viacrucis para el municipio. Hoy le solicitamos a Infimanizales que realice todos los procesos legales necesarios para que la obra se entregue en el plazo prometido, y que la seriedad que aparece como lema de su Gobierno deje de ser solo un eslogan y se convierta en una realidad.