No es del todo mala la reforma pensional propuesta por el Gobierno. Lo expresé en este mismo espacio hace 10 meses. Ya fue aprobada por el Senado en sus dos primeros debates, correspondiéndole ahora a la Cámara tramitarla en los dos debates faltantes. Todo indica que “pasará raspando” y se convertirá en ley. Por ello resulta apropiado contribuir al ejercicio de análisis antes de su aprobación final. El primer punto para destacar de esta reforma es el sistema de pilares propuesto y la complementariedad entre el régimen de prima media (Colpensiones) y el de ahorro individual (fondos privados). Alcanzar este propósito y definir un umbral para ponerle límite a los subsidios del régimen público, sería un verdadero avance. Actualmente el gasto del presupuesto nacional destinado a Colpensiones, para atender subsidios pensionales, es absolutamente regresivo y uno de los que más contribuye a la desigualdad en nuestro país.
En segundo lugar, y no menos importante, está el denominado pilar solidario. Sería muy acertado asignarle una renta básica mensual al adulto mayor en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Esta medida eliminaría la enorme desprotección que actualmente tienen estas personas, que nunca cotizaron o que, con la edad cumplida, no alcanzaron los requisitos para una pensión. Pero ojo, para el DANE, Ministerio de Salud y Planeación Nacional, adulto mayor es el que supera los 60 años, por lo que convendría que la misma ley definiera el mínimo de edad para acceder al beneficio y evitar interpretaciones oportunistas (léase populistas) a futuro.
El tercer punto destacable es que la reforma respeta los derechos adquiridos de los actuales pensionados. Igualmente dispone que quienes estén próximos a pensionarse y posean un mínimo de semanas cotizadas, 900 los hombres y 750 las mujeres, les seguirá siendo aplicable la Ley 100 de 1993. Por supuesto, todo ello amparado en la Constitución, cuyo mandato dispone que “en materia pensional, se respetarán todos los derechos adquiridos”. Pero, definitivamente, el “grueso” de la reforma lo constituye el “umbral” que marcaría el límite entre Colpensiones y los fondos privados. Un umbral alto, tendría dos grandes implicaciones: por una parte, una disminución sustancial del ahorro nacional representado en los recursos que hoy llegan a los fondos privados, todo ello en detrimento de la inversión en Colombia; y por otra parte, el costo fiscal a futuro será mayor y serán las juventudes de hoy quienes paguen los onerosos costos de la reforma mañana, pues no alcanzaría el dinero para su pensión.
Por ello, el umbral aprobado por el Senado (2,3 salarios mínimos) implica que al alrededor del 70% de las cotizaciones irían al fondo público (Colpensiones), lo que conllevaría, repito, a una reducción dramática del ahorro nacional y, a su vez, en la inversión, que es el motor del crecimiento económico en el largo plazo. Es indudable que han sido inmensas las bondades del ahorro pensional, así como excelente el papel jugado por los fondos de pensiones en la economía colombiana en los últimos 30 años. Marchitarlos sería un error estratégico, por no decir garrafal.
El escenario ideal de todo este capítulo de la historia colombiana sería: i) que esta reforma pensional sea acompañada de una buena reforma laboral que ataque frontalmente la informalidad y brinde condiciones para generar nuevos empleos; y ii) que se acoja la propuesta de múltiples centros de estudios económicos de reducir ese umbral a 1,5 salarios mínimos, para así garantizar que al menos el 50% de las cotizaciones sigan nutriendo nuestro precario mercado de capitales. No empeñemos el pan de mañana para tener el de hoy; ese es un falso dilema en el que no podemos caer, ni siquiera por razones ideológicas.