La inflación en Colombia cerró en el 2025 en 5,1%, muy por encima de la meta del 3% fijada por el Banco de la República. Pero lo más preocupante es que para el 2026 las expectativas apuntan a un 6,3%, más del doble de la meta, impulsada por el desbordado aumento del salario mínimo, el alto consumo de los hogares, el excesivo gasto público nacional y ahora por la guerra con Irán, que disparó el precio del petróleo y tras él, correrán la misma suerte la energía, el transporte, la logística, los fertilizantes, la comida, el combustible, en fin, todo. Resultado, mayor inflación global, mayor inflación local.
Esta situación obligará a la mayoría de los bancos centrales del mundo a subir sus tasas de interés, mecanismo perfectamente válido y comprobado para reducir la inflación. Y eso fue, precisamente, lo que hizo nuestro banco central, el Banco de la República. En enero incrementó la tasa 100 puntos básicos (1%), situándola en 10,25%; y el 31 de marzo la subió otros 100 puntos básicos (otro 1%), dejándola esta vez en 11,25%. Y ‘ahí fue Troya’.
Al día siguiente, 1 de abril, amanecimos con una noticia que conmocionó al establecimiento económico colombiano. El Gobierno, con su presidente a la cabeza, retiró al ministro de Hacienda de la Junta del Banco de la República y declaró indefinidamente “rotas” las relaciones con la institución, a pesar de que la ley obliga al ministro a presidir esta Junta. Parece broma, pero no lo es.
El Banco de la República, que lleva más de un siglo cuidando el peso colombiano y 35 años con un mandato constitucional que lo erige como garante de la estabilidad monetaria del país, se ve hoy ‘paralizado’ porque su Junta Directiva, por mayoría reglamentaria (4 de 7) y dentro del marco de la Constitución y la ley, decidió subir la tasa de interés para impactar a la baja la inflación, en una decisión responsable y técnica que el Gobierno no aceptó.
Y no es nuevo que los gobiernos choquen con sus bancos centrales. Ocurre en Colombia, en Estados Unidos, Europa, Brasil, Méjico… y, en general, en cualquier país que haya revestido de independencia política a su banco central. La razón es obvia: el ciclo electoral es más corto que el ciclo económico. Por eso los banqueros centrales tienen periodos más prolongados, usualmente de ocho años, para decidir en función del país y no de los intereses electorales del gobierno de turno.
Ahora bien, el argumento del Gobierno colombiano de que una tasa alta ‘enriquece’ al sector financiero, no resiste análisis. Cuando el Banco de la República en el 2023 subió la tasa al 13%, las utilidades de los bancos cayeron 42% en los dos años posteriores. Por ello el argumento se queda sin piso. ¿Tufillo electoral?
La independencia del Banco de la República no es un capricho de los economistas, o si no, miremos hacia Venezuela o hacia Argentina. El punto concreto es si queremos aprender de ellos o repetir su historia, porque el problema no es el Banco de la República, el problema es la inflación.