Ha causado revuelo la reciente propuesta que hizo el presidente Petro para enfrentar el mal momento de la economía. Se trata de un mecanismo del que ya la historia económica colombiana ha escrito varios capítulos con el famoso nombre de “inversiones forzosas en el sistema financiero” y que en las décadas de los ochenta y noventa (siglo pasado) se utilizaron para incentivar la economía, llegando incluso a representar una cuarta parte de la destinación de todos los depósitos del sistema financiero.
Pues bien, en la práctica la propuesta para la inversión forzosa en el sistema financiero podría operar de dos maneras: en la primera, el gobierno se endeudaría con los bancos a una tasa de interés baja y el dinero tomado en préstamo lo destinaría a prestarlo nuevamente a empresas o sectores que, en su opinión, requieran de nuevos recursos para su crecimiento o reactivación, tales como turismo, agricultura, vivienda, etc. En el segundo caso, el Estado colombiano simplemente obligaría a las entidades financieras a que directamente otorguen créditos con bajos intereses, a los sectores económicos que el gobierno les indique por considerarlos prioritarios.
El problema es que estas inversiones forzosas, destinadas obligatoriamente a los sectores que defina el Gobierno, no sólo reducirían los recursos disponibles para préstamos a los otros sectores económicos que no fueron considerados como prioritarios, sino que además les incrementaría la tasa de interés que pagarían. Y para colmo de males, la experiencia sugiere que los ahorradores recibirían menores intereses por sus depósitos. Estos argumentos, precisamente, llevaron a que desde la década de los 90 se fueran marchitando gradualmente estos instrumentos, aunque con excepciones puntuales, como es el caso del sector agropecuario, para el que aún persiste, y funciona, la medida.
Las inversiones forzosas, aplicadas con un criterio eminentemente técnico, no son del todo una mala medida, y el agro lo demuestra, pues al fin y al cabo pretenden la reactivación de sectores estratégicos para la economía. Pero no resultan nada recomendables cuando se ponen en una balanza con otras medidas que conducirían al mismo propósito. Ejemplos abundan. Veamos solamente tres con las cuales el Gobierno podría enfrentar la mala hora de la economía colombiana y dinamizar la oferta crediticia para algunos sectores estratégicos, sin tener que obligar a los bancos a nada:
i) Repotenciar el mecanismo de los Títulos de Desarrollo Agropecuario que expide Finagro para financiar más proyectos productivos en el campo colombiano; ii) incrementar los umbrales de cobertura del Fondo Nacional de Garantías para nuevos créditos a micros, pequeñas y medianas empresas; iii) echar mano de los recursos del Grupo Bicentenario para priorizar la asignación de capital a esos sectores que se considera estratégicos en la reactivación, como comercio, turismo, construcción, industria e infraestructura.
Son muchas las medidas de alto impacto que el Gobierno podría emplear en el corto plazo sin afectar la consolidación del sistema financiero colombiano, sector que ha logrado llegar cada vez a más colombianos y ha probado ser un gran dinamizador de la economía nacional. Entonces ¿para qué complicarse la vida?