En el debate sobre la eficiencia y equidad del sector energético colombiano, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha sido una pieza clave desde su creación. Su carácter técnico, autónomo y especializado ha permitido tomar decisiones complejas con base en criterios técnicos y no políticos. La propuesta de modificar esta naturaleza —como lo ha propuesto el actual ministro de Minas y Energía— sería un error de enormes proporciones. Sería, sin rodeos, un suicidio institucional.

Actualmente, la CREG está integrada por el Ministro de Minas, el Ministro de Hacienda, el Director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos comisionados de dedicación exclusiva, designados por el Presidente de la República. Estos últimos deben tener formación avanzada y experiencia demostrada en áreas como economía, ingeniería o derecho, y no pueden ejercer cargos públicos o privados en el sector durante el año siguiente a su salida. Esta arquitectura fue concebida para preservar la independencia y el rigor técnico de las decisiones regulatorias, fundamentales en un sector tan sensible como el energético, que por naturaleza tiende a la concentración, con estructuras de monopolio u oligopolio. Por ello es crítica la regulación.

Sin embargo, en los últimos meses, la CREG ha operado de forma limitada. De los seis expertos comisionados, sólo cuatro han estado en funciones, lo que ha dificultado tomar decisiones clave en temas como tarifas y normatividad técnica. El ministro Edwin Palma ha expresado su intención de “completar” la comisión, pero al mismo tiempo ha sugerido una apertura a la representación de “trabajadores y usuarios” dentro del esquema regulatorio. Esto, más que democratizar el proceso, pone en riesgo su objetividad.

En lugar de fortalecer la capacidad técnica de la CREG, este giro político abre la puerta a la captura de la regulación por intereses de corto plazo. Los reguladores deben tener la autonomía para decirle que no al gobierno de turno, a las empresas, y también a las presiones populistas. Cambiar la naturaleza técnica por una lógica de representación sectorial diluye la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Una regulación volátil o politizada genera desconfianza, retrasa inversiones y pone en peligro la estabilidad del sistema.

Los gremios del sector han alertado sobre la parálisis regulatoria y la incertidumbre jurídica que esto genera. No es casual que la transición energética —uno de los retos más grandes que tiene el país— dependa en gran medida de una regulación clara, previsible y técnica. Si esta se politiza, todo el modelo puede desestabilizarse.

Por eso, más que abrir la CREG a intereses políticos o clientelistas, lo urgente es restablecer su capacidad operativa con expertos idóneos, elegidos con celeridad pero también con criterio. El país no puede darse el lujo de perder uno de los pocos órganos técnicos que funcionaba  con relativa independencia. La regulación no puede ser rehén de la ideología ni de oportunistas del sector. Lo que está en juego no es solo una estructura institucional, sino la confianza en el sistema energético del país.