Cuatro de los principales rectores de universidades privadas enviaron la semana pasada un comunicado a la ministra de Educación pidiéndole introducir una serie de cambios al proyecto que finalmente presentó, sin modificaciones, a estudio del Congreso de la República. Los rectores de Los Andes, Javeriana, Sabana y Eafit, que habían sido convocados a algunas reuniones preparatorias de consulta, sintieron que no fueron realmente escuchados y que sus aportes no aparecieron en el articulado presentado al Congreso en temas muy importantes.
¿Cuáles son las preocupaciones de los rectores?
Una primera es la de ver de manera más amplia el reto de la educación no concentrado en la educación universitaria, sino en lo que han llamado la posmedia, que da mayores alternativas para la inserción laboral y para la formación a lo largo de la vida. Consideran que un sistema flexible y ágil puede responder mejor a las distintas necesidades y expectativas. En pocas palabras los rectores de las universidades consideran que no todas las respuestas para la educación superior las tienen estas instituciones, sino otras como el Sena, la formación para el trabajo, los ciclos cortos de acreditaciones de competencias… En suma, consideran que no todos los ciudadanos están llamados a entrar a una universidad, sino que hay otros caminos también, en lo que han llamado posibles trayectorias. Esto es positivo, en términos de la pluralidad de posibilidades, pero no debe ser una imposición a los ciudadanos, ellos deberán poder escoger con libertad. Por lo que no se puede dejar prosperar la idea, si lo que se quiere es limitar el derecho a la posibilidad de la educación superior, al cerrarla de facto para algunos.
Otra preocupación es que el afán de ganar en cobertura termine desmejorando la calidad del sistema de educación superior. Tienen temor de que los nuevos cupos no tendrán en muchos casos todas las características de rigor, condiciones de posibilidad y exigencia, en pocas palabras que la mala calidad termine siendo la norma de los nuevos cupos que el Gobierno quiere abrir en distintas regiones. En esto no les falta razón a los rectores, generar cupos de mala calidad es incumplir la promesa del derecho a la educación. El Ministerio de Educación debe focalizar sus esfuerzos en el mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones, por ello, es que hemos siempre planteado la necesidad de que la tarea de control y vigilancia la haga una superintendencia especializada, así el Ministerio se concentra en lo verdaderamente importante.
La tercera inquietud tiene que ver con una característica propia del modelo colombiano de educación superior, que bien el texto de la ministra menciona, pero no profundiza: su carácter mixto, público y privado. Los rectores insisten también en lo práctico: Las capacidades instaladas es la opción más clara para ganar en cobertura, “progresividad del derecho a la educación”. Se trata de ampliar la oferta estatal y de dar apoyo a los privados que tienen casi el 50% de participación del mercado. Este carácter mixto permite asegurar la pluralidad que para un país democrático es fundamental y hace realidad la libertad de escoger el tipo de educación que se desea. Pero sí es necesario aquí advertir que la educación pública estaba rezagada en inversión y es obvio que en el proceso de revertir ese rezago haya unas acciones afirmativas que implican darle prioridad, en la escasez de recursos, a la universidad pública. Y, por otra parte, que en la privada existen no pocas instituciones que son verdaderos negocios y no deberían tener apoyo del Estado.
Finalmente, un punto fundamental: un sistema de financiación integral del sistema mixto, que implique una buena asignación de recursos para asegurar la garantía del derecho a la educación con calidad. No nombran los rectores al Icetex, pero ahí está uno de los grandes problemas, cómo fondearlo y que continúe ayudando a los estudiantes que no tienen recursos para estudiar sus pregrados, frente a la idea del Gobierno que quiere marchitar esta función. Uno de los pilares que permite la existencia de las universidades privadas es la financiación por parte del Icetex. El punto que hay que repensar es cómo se hacen más baratos sus créditos.
Vamos a ver si el Congreso hace eco a los rectores…