Caldas atraviesa una temporada de lluvias crítica: alerta roja en La Dorada por el aumento del nivel del río Magdalena, derrumbes que bloquean vías y comunidades aisladas. Estos eventos no son nuevos ni excepcionales. Son señales constantes de la alta vulnerabilidad que enfrenta nuestro territorio.
Por su ubicación geográfica y geológica, Caldas tiene amenazas sísmicas, volcánicas, por deslizamientos, incendios, inundaciones, vientos fuertes y avenidas torrenciales, algo que es del conocimiento del ejecutivo.
Sin embargo, en la reciente adición presupuestal de $32.781 millones disponibles para las secretarías, apenas $400 millones (el 1%) se destinó directamente al fortalecimiento de esta área estratégica.
A la Secretaría de Medio Ambiente para la vigencia 2025 le asignaron $6.400 millones, de los cuales $1.650 millones fueron destinados a la Unidad de Gestión del Riesgo. ¡Nada!
Pero eso no es lo más lamentable. Dejan atrás invertir en la protección y el cuidado de los ciudadanos para priorizar la realización de eventos, fiestas, ferias de servicios, publicidad, entre otras actividades.
El pasado 29 de abril, la Asamblea aprobó una adición de $2.420 millones para las secretarías de Gobierno y Privada, orientada a logística, entre esos, la compra de una buseta.
Mientras tanto, los alcaldes de Caldas continúan recorriendo los pasillos del Palacio Amarillo, semana tras semana, en busca de recursos para atender y prevenir emergencias en sus municipios, sin una respuesta efectiva
¿Contamos realmente con una base presupuestal suficiente para atender las necesidades de 27 municipios en esta materia?
Además, la Secretaría de Medio Ambiente ya ha ejecutado $787 millones en contratos de prestación de servicios, mientras que la Unidad de Gestión del Riesgo sigue esperando un fortalecimiento real.
Todo parece indicar que la gestión del riesgo en Caldas no tiene dolientes, ni siquiera el gobernador, a quien la Asamblea le otorgó hace un año facultades para incorporar la Unidad de Gestión del Riesgo a su despacho. Es la hora y no se ha hecho efectivo.
La gestión del riesgo no puede seguir viéndose como una simple reacción ante emergencias. Es una política pública integral que exige planificación, inversión y visión de largo plazo.
Proteger la vida y el bienestar de los caldenses implica entender que la prevención no es un gasto, sino una decisión inteligente y responsable.
Por ende, hago un llamado para que en Caldas comprendan lo que significa la gestión del riesgo, amenazada por múltiples factores, y que pasen de las palabras y justificaciones a los hechos.
Ojalá no sigan gastando en fiestas y en empleo militante como todos los socialistas.