Hace poco vi en redes sociales un video que hablaba de la estrategia de empleo militante que usa el Gobierno Petro para contratar gente a cambio de buscar respaldo político en las próximas elecciones. $59 billones se ha gastado el actual Gobierno en prestación de servicios, dinero que debería estar dirigido a hacer inversión.

Podré sonar repetitivo y hasta aburridor, pero lo que pasa en la Nación es exactamente lo que sucede en Caldas.

Según el portal estadístico Caldata, en lo que va del 2025, la Gobernación de Caldas ha destinado $18 mil 355 millones para 370 contratos de prestación de servicios, una suma que supera el dinero que la Administración asignó para la seguridad en el departamento.

Se gastan $18 mil 355 millones en contratos de prestación de servicios y $12 mil 297 millones en contratos de apoyo a la gestión mientras a la seguridad, un tema que ha sido debatido en la Asamblea y que convocó una sesión reservada, solo se le asignan $7 mil 552 millones.

Es decir que ¿es más importante proteger los votos que cuidar al electorado? Solo basta con estudiar el informe que presentó el secretario de Gobierno de Caldas para resolver la anterior pregunta.

20 municipios del departamento cuentan con cámaras de seguridad, pero en Marmato, de las 27 que hay no funciona ninguna, lo mismo sucede en Riosucio, Pácora, el corregimiento de Arauca (Palestina), Samaná, Supía y Belalcázar.

Municipios en los que sus habitantes han denunciado la presencia de grupos armados ilegales. Incluso, un defensor de derechos humanos y líder social de Riosucio se encadenó como forma de protesta porque le quitaron su esquema de protección pese a que en varias ocasiones ha reiterado que teme por su vida.

Si bien la Gobernación no tiene injerencia sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP) se hicieron los de la ‘vista gorda’ cuando el ciudadano en el atril de la Asamblea dijo: “Si a mí o a mi familia nos llega a pasar algo debido a las denuncias constantes que hemos venido realizando como defensores de derechos humanos no solamente van a ser culpables esos grupos al margen, sino también que por omisión está pecando la UNP y la Secretaría de Gobierno de Caldas”.

Y por esa omisión, el ciudadano fue remitido al Hospital Santa Sofía por quebrantos de salud, con el contentillo de que tendrá acompañamiento policial.

Pero, eso no es todo. ¿Han escuchado actualmente denuncias de las veedurías ciudadanas? Aquellas que revelaron las inconsistencias en las Vías del Hermanamiento y del Renacimiento. La respuesta es no, dejaron de velar por el correcto funcionamiento de las obras para propender por su vida y la de sus familias.

Entonces ¿dónde está el compromiso con la seguridad y la vida? Es hora de dejar el empleo militante y asignar más recursos para los organismos de seguridad. Es necesario que los veedores vuelvan a realizar su trabajo acompañados de la Policía y el Ejército.

Es imperativo que la Secretaría de Gobierno de Caldas se articule con la Defensoría del Pueblo y su sistema de alertas tempranas para prevenir y no lamentar.

Ojalá comprendan la importancia de asignar recursos y devolverle la tranquilidad a los caldenses.