La verdad incomoda, sí. Pero esconderla es mucho peor.
El debate del lunes 21 de abril en la Asamblea de Caldas sobre el proyecto Aeropuerto del Café dejó eso en evidencia. Las declaraciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, sacaron a la luz hechos que no pueden ser ignorados ni minimizados. Así molesten. Así incomoden.
Porque aquí no se trata de elegir entre avanzar o denunciar. Se trata de hacer las dos cosas: sacar adelante el proyecto, pero con integridad y sin tolerancia a posibles actos de corrupción.
Lo verdaderamente preocupante es que, después de tantos años de frustraciones y obstáculos, reaparezcan sombras: esta vez en la elaboración de los prepliegos de la nueva licitación.
Idárraga fue contundente: existe el riesgo de un direccionamiento en la contratación, lo que violaría la Ley 80 y el manual del Patrimonio Autónomo.
Y no se quedó ahí. Desde el atril de la Asamblea, pidió la salida de quienes han actuado mal, incluyendo a funcionarios de Inficaldas. Que un alto funcionario del Gobierno Petro denuncie irregularidades en un Gobierno departamental aliado, no solo es valiente, es una señal de alerta que no se puede barrer bajo la alfombra.
Las advertencias de Idárraga fueron respaldadas por Fernando Merchán, gerente de la Unidad del Patrimonio Autónomo, quien reveló que ya existen cuatro demandas listas, conocidas por el DNP, la Procuraduría, la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia. Las investigaciones dirán si hay responsables. Pero lo evidente ya no se puede esconder.
Como era de esperarse, algunos intentaron desviar la atención, descalificando las denuncias como un ataque político. Irónico, tratándose de voces que pertenecen a la misma línea política. Pero esto no es una pelea partidista. Es una alerta temprana, una herramienta legítima de veeduría ciudadana.
Y mientras tanto, ¿por qué escandaliza lo dicho por el secretario, pero pasa en silencio el informe de la Corporación Cívica de Caldas, publicado ese mismo día? El documento revela que la vía de acceso a Aerocafé ya tiene dos adiciones por más de $11 mil millones y una prórroga de nueve meses.
El interventor ya advirtió que no se entregará la obra en ese plazo. Peor aún: el contrato se firmó en el 2022 sin cumplir todos los requisitos legales, y el acta de inicio se firmó 18 meses después. ¿Qué dirán la Contraloría y la Fiscalía?
Es hora de dejar la molestia a un lado. Aerocafé ya tiene CONPES, aprobaciones, autorizaciones y recursos. Ahora Caldas debe estar a la altura de esos compromisos. No hay espacio para improvisaciones, ni para el silencio cómplice.
La vigilancia debe comenzar por la vía de acceso, y por asegurar que el municipio de Palestina y sus habitantes estén al centro del proyecto, no a su margen. El desarrollo debe tocarlos de forma directa y positiva.
Esta es la última oportunidad que tiene Caldas para hacer realidad Aerocafé. Por eso, propongo que el gobernador designe como su representante ante el proyecto a una persona de la sociedad civil, con conocimiento técnico, jurídico y, sobre todo, una ética intachable. Alguien que le garantice al país que esta vez las cosas se harán bien.
Es el momento de actuar con grandeza. De pensar más allá del interés político o individual. Aerocafé no es un trofeo ni una ficha electoral. Es una obra que puede transformar el futuro económico y social de toda la región.
Aerocafé es de todos. Y debe hacerse bien. Incluso si la verdad incomoda.