La palabra reforma suena en la radio, la televisión, se lee en periódicos y redes sociales. Se ha vuelto tan popular que quienes no saben qué es una reforma salen a las calles a pedir que se haga efectiva desconociendo por qué el Congreso hundió la reforma laboral y posiblemente la reforma a la salud.

Si bien es cierto que todo sistema requiere un mejoramiento continuo, este debe hacerse dentro de la institucionalidad, respetando las ramas del poder público y velando por mejorar los servicios y la atención al ciudadano.

En varias ocasiones he dicho que en Colombia no ha existido una reforma más social, equitativa y eficiente que la Ley 100, que en 30 años ha logrado tener una cobertura total para los colombianos.

Claro, necesita ajustes en calidad y prevención, pero la solución no es destruir, es construir sobre lo construido. Pero, qué se puede esperar de un Gobierno que se ufana de ser equitativo y de llevar salud a la Colombia profunda, cuando lo que busca es quebrar las EPS y las IPS no pagándoles por sus servicios.

Es un Gobierno populista, irresponsable, hablador, que acusa a la gente de ganar dinero con la salud para confundir al ciudadano y así justificar la destrucción del sistema.

Lo mismo sucedió con la reforma laboral.

Pese a que el Banco de la República y los gremios manifestarán la pérdida de más de 450.000 empleos, que la reforma olvidaba a cerca de 24 millones de colombianos que no tienen empleo formal, estaban sin contrato, vacaciones, seguridad social y cesantías, el Gobierno Petro estaba ensimismado en hacerla una realidad.

Colombia sí necesita una reforma laboral, pero no como la que pretendían establecer.

Es imperioso una que no excluya al ciudadano sino que incluya e inserte en la estructura laboral a toda la clase trabajadora, permitiendo la incorporación de las personas que se encuentran en informalidad hacia una formalidad, con acceso a una pensión y salud de calidad.

Todas las reformas que necesita el país deben hacerse dentro de la institucionalidad.

Necesitamos volver a la esencia de la división de los poderes, devolviéndole al legislativo la elaboración de las leyes de manera objetiva e imparcial y quitándole al ejecutivo las funciones jurisdiccionales para devolvérsela a nuestros jueces, ya que durante años se han venido transfiriendo a través de las Superintendencias, situación que hoy se evidencia con gran preocupación por su uso inapropiado para perseguir a los opositores.

Sin embargo, no se puede ocultar que el Congreso ha sido víctima de su propio invento.

Históricamente ha cedido su poder legislativo a través de diferentes transacciones clientelistas que le han hecho un daño enorme a nuestra democracia, incentivando dolorosos procesos de corrupción.

Los colombianos debemos reaccionar y rechazar cualquier signo de autocracia o totalitarismo, el matoneo, las amenazas, los insultos, el desconocimiento e irrespeto a nuestras instituciones, los ataques a nuestra libertad de prensa y nuestra propia libertad de elegir.

Solo con gran respeto a nuestras instituciones podremos defender nuestra democracia, pero también requerimos que quienes ostentan estos cargos entiendan la importancia de su defensa y apoyo para mantener nuestra libertad.

Lo que es bueno para unos pocos no será bueno para todos, pero lo que es bueno para todos será bueno para cada uno de nosotros.