La Federación Colombiana de Municipios (FCM) me hizo el honor de invitarme a conformar el equipo interdisciplinario que estructuró las propuestas que se esperan en las localidades dentro del acto legislativo conocido como “Ley de Competencias”, cuyo objetivo es fortalecer la descentralización y la autonomía regional.
Este documento será entregado al presidente, Gustavo Petro, este 9 de mayo en el Encuentro Nacional de Alcaldes en Cartagena.
En diciembre del 2024 el Congreso aprobó el acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP) con el fin de asignar más recursos económicos a los municipios y los departamentos, pero también entregarles mayores responsabilidades en áreas clave como la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico y el propósito general.
Esta apuesta representa una oportunidad histórica para que el desarrollo del país parta de las particularidades y potencialidades locales; sin embargo, también implica un gran compromiso, debido a que exige una total eficiencia en el gasto público para garantizar servicios indispensables para las comunidades.
Actualmente, solo el 24% del presupuesto nacional se distribuye entre municipios y departamentos, los cuales deben garantizar servicios esenciales con escasos recursos.
La meta de esta norma es que en 12 años esta asignación aumente al 39,5%, evitando que los recursos se concentren en Bogotá y asegurando una inversión real en las comunidades.
La Ley de Competencias debe ser debatida con responsabilidad, de cara a los territorios y conscientes de las enormes brechas existentes entre departamentos y municipios, dado que, lo que se busca es robustecer las capacidades del nivel básico del Estado que son las alcaldías; sumado a que, alrededor del 92% de los municipios colombianos se encuentran clasificados como de quinta y sexta categoría; es decir, son poblaciones pequeñas, con una gran carga administrativa, con baja asignación presupuestal y con múltiples necesidades que requieren ser atendidas por el Gobierno.
Por ello, resulta urgente replantear su categorización y avanzar hacia una distribución de recursos más equitativa.
Uno de los aspectos más sensibles de la descentralización es el acceso al agua potable y al saneamiento básico, actualmente con estos recursos es muy difícil garantizar el derecho al líquido vital a miles de colombianos, siendo las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas las más afectadas en el acceso a este servicio vital.
Por eso, hemos propuesto aumentar los recursos dirigidos a este fin, para que ya no sean utilizados en burocracia del Gobierno nacional, sino que sean destinados en mejorar la infraestructura y operación de los acueductos rurales, en articulación con las comunidades.
Otro desafío clave para los municipios y que deberá ser discutido para obtener un mayor desarrollo es avanzar en el ordenamiento territorial y el catastro multipropósito, contar con una hoja de ruta clara permitirá proyectar a los municipios.
Esperamos que el Gobierno nacional acoja las propuestas que durante varios meses se construyeron de manera seria, responsable con las finanzas del país y pensando en la generación de capacidades locales.
La discusión que se iniciará a partir del 20 de julio en el Congreso debe estar a la altura de los retos que requieren las regiones, para alcanzar la anhelada descentralización territorial.