Cuando se habla de desarrollo territorial la conversación suele centrarse en la construcción de obras, la generación de empleo o el fortalecimiento de sectores productivos que impulsan el bienestar de la sociedad; sin embargo, hay un factor menos visible que también resulta determinante, como son las reglas del juego que definen qué tan fácil o difícil es producir, emprender e invertir en un lugar determinado.
Estas condiciones permiten que emprendedores, empresarios, instituciones y colectivos sociales puedan acceder a mercados, generar empleo y desarrollar proyectos productivos; cuando esto ocurre, los territorios tienen mayores posibilidades de crecer y ampliar las oportunidades para su población.
A este conjunto de factores se le conoce como libertad económica, siendo la posibilidad real de producir e intercambiar bienes y servicios sin cargas innecesarias ni barreras que desincentiven las iniciativas productivas.
Cuando esa libertad se restringe, el impacto no solo aparece en los indicadores económicos, también se refleja en la vida cotidiana de las personas con menos oportunidades laborales, menor creación de empresas, disminución de emprendimientos y una menor movilidad social para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida.
En Colombia, la tarifa general del impuesto de renta para las empresas se ubica actualmente en 35%, una de las más altas de América Latina y superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a esta carga se suman diversas contribuciones parafiscales, lo que incrementa significativamente el costo de crear, mantener y expandir una empresa en el país.
Además, la reforma tributaria aprobada mediante la Ley 2277 del 2022 introdujo ajustes fiscales que aumentaron los impuestos sobre distintos sectores de la economía, sumándose medidas adoptadas recientemente en el marco de declaratorias de emergencia económica, mediante las cuales el Gobierno Nacional ha planteado nuevos tributos y contribuciones para atender el funcionamiento del Estado.
Los impuestos son necesarios para financiar los programas del Estado, pero cuando la carga impositiva se vuelve excesiva o desproporcionada puede terminar desincentivando la actividad productiva y afectando la dinámica empresarial.
Este debate también es relevante para los territorios, en departamentos como Caldas, donde gran parte del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas, cualquier incremento en los costos asociados a la actividad productiva puede impactar directamente la capacidad de inversión, la generación de empleo y la creación de nuevos emprendimientos.
El empresariado regional enfrenta un entorno regulatorio y tributario que, en muchos casos, genera incertidumbre sobre las reglas del juego, por eso, el debate sobre el desarrollo territorial no puede limitarse únicamente a la ejecución de planes de desarrollo, sino que debe incluirse una reflexión sobre las condiciones económicas e institucionales que se están construyendo para facilitar visiones estratégicas.
Caldas tiene una sólida tradición empresarial y un creciente ecosistema de nuevos emprendimientos que fortalecen su economía, cuidar ese tejido productivo es fomentar el desarrollo del territorio, porque en regiones como la nuestra buena parte del empleo y de la actividad económica depende de la confianza para emprender e invertir; porque cuando las reglas son claras, los territorios avanzan.