Las condiciones climáticas y geográficas de Colombia generan temporadas de lluvias que provocan inundaciones, deslizamientos y otros desastres naturales.
Estas situaciones exigen del Estado respuestas rápidas y con alta inversión financiera; por ello, en el 2011, se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), siendo la entidad encargada de liderar la prevención y mitigación del riesgo, con un presupuesto significativo del Gobierno nacional.
Al iniciar el Gobierno de Gustavo Petro, Javier Pava fue nombrado cómo director de la UNGRD, su postura fue polémica: rechazaba la construcción de obras de contención y proponía reubicar comunidades completas, ignorando el arraigo cultural y las soluciones inmediatas; su actitud de poca empatía y apoyo, quedó en evidencia por los damnificados durante la emergencia invernal del 3 de septiembre del 2022 en Supía.
A la par, Olmedo López, un político tradicional visitaba la región prometiendo soluciones debido a la cercanía con el Gobierno nacional, promulgando un fuerte discurso antiminero.
Fue sorpresivo conocer su designación en abril del 2023 como director de la UNGRD, en reemplazo de Javier Pava.
Desde su cargo, Olmedo López convirtió la entidad en una plataforma política en Caldas, promoviendo candidatos locales con mercados y ollas comunitarias, y asignando maquinaria amarilla para el arreglo de vías rurales a pocas semanas de la jornada electoral del 2023 para la elección de alcaldes y gobernadores.
Como alcalde de Supía, le solicité ayuda a la UNGRD en múltiples ocasiones para los afectados, sin recibir ninguna respuesta; hoy sabemos que esa institución estaba ocupada construyendo una de las mayores redes de corrupción de la historia reciente del país, así lo demuestran las revelaciones sobre los carros tanque en la Guajira, la presunta compra de congresistas para aprobar las reformas petristas, entre otros escándalos que solo confirman el uso politiquero y clientelista de los millonarios recursos de esa entidad.
Las investigaciones en contra de Olmedo López y su malévola red de corrupción continúan y los colombianos esperamos justicia y que no se repitan esas nefastas prácticas.
Mientras tanto, en la actualidad, los supieños vuelven a sufrir inundaciones, y uno no puede evitar pensar con tristeza que esta tragedia pudo evitarse si el dinero destinado a mitigar el riesgo no hubiese terminado en bolsillos corruptos.
De igual manera, en la reciente temporada invernal se han afectado más municipios caldenses, evidenciándose la angustia de los ciudadanos y la precariedad con la que deben actuar las alcaldías, sin recursos ni capacidad operativa suficientes.
Es urgente unirnos como región y exigirles al Gobierno nacional y a la UNGRD atención efectiva, no podemos permitir que la corrupción siga pesando más que las necesidades de las comunidades, para ello, la Gobernación de Caldas debe liderar esta estrategia, porque resulta inadmisible que mientras el alto occidente caldense estaba en calamidad, en ese mismo momento, el gobernador participara en Riosucio en un costoso acto proselitista bajo el nombre de “Gobierno Contigo”, cuando estar con las comunidades es brindar las capacidades gubernamentales en generar soluciones a sus necesidades.
Las emergencias no esperan discursos ni eventos; requieren acciones inmediatas y transparentes.