El Congreso de la República, por conveniencia e intereses, ha sabido hacerle el quite a modernizar el Código Electoral en Colombia, que es de 1986, y también a una reforma política. Se necesita cambiarlos, pero que estén lejos de la politiquería, de las malas prácticas, de la corrupción, y que fortalezca la participación de todos los ciudadanos sin distingo. El Código se mantiene como un compendio de normas vetustas que no se ajustan a las realidades políticas y sociales del país.
En especial se nota al analizar la participación de las mujeres en la política, que históricamente ha sido bien pobre y sobre todo un campo en el que es difícil incursionar. El Centro Nacional de Memoria Histórica reseña que “aunque las mujeres conquistaron el derecho al voto en 1954, fue hasta 1957 que salieron masivamente a las urnas a ejercer su ciudadanía completa”, y esta conquista la alcanzaron tras muchos años de luchas, porque desde 1853 en Santander intentaron hacer valer este derecho que les fue restringido. Todavía en 1930 las mujeres en Colombia tenían prohibido hacer el bachillerato, estudiar en una universidad y manejar su propio salario.
Traído a este siglo XXI, lo que sucede con las mujeres en la política está íntimamente relacionado con esa historia de desigualdades. Parece increíble que subsistan leyes como la 581 del 2000, llamada Ley de Cuotas de Género, para que el 30% de los altos cargos públicos sean ocupados por mujeres o desde otros ejercicios que la misma proporción se cumpla en la participación electoral. ¿Por qué una cuota cuando se piensa en mujeres en el trabajo, en la política o en cualquier otro ámbito? ¿No sería más lógico que, independiente del género, hombres y mujeres tuviéramos las mismas posibilidades, igual tratamiento, y que llegaran las mejores personas por sus calidades?
De pronto así se irían eliminando prácticas, que se podrían catalogar más bien como mañas, en las que hay mujeres que prestan sus nombres para completar listas de partidos. No tienen ningún interés en ganar una curul, tampoco saben de política, pero están ahí, figurando con todo lo legal que eso implica y en el fondo obedeciendo al cacique político. Muy pocos partidos le apuestan a que una mujer sea cabeza de lista o candidata fuerte a un cargo de elección uninominal (presidenta, alcaldesa, gobernadora). Esto que se ve en política no llega a igualar lo que sucede, por fortuna, en altos cargos y de decisión de sectores empresarial, financiero, gremial ocupados mayoritariamente por mujeres como se ha visto en los últimos años en Manizales, ganados por logros.
En las elecciones del 2023 solo hubo en el país 6 gobernadoras electas y 146 alcaldesas, de las cuales en Caldas solo hubo una alcaldesa, la de La Merced. En la conformación del Concejo de Manizales, de 19 curules solo hay 3 concejalas; en la Asamblea de Caldas, de 14 curules también hay solamente 3 diputadas. El departamento no cuenta con senadoras desde hace más de 10 años y solo hay una representante a la Cámara, Juana Carolina Londoño que obtuvo en el 2022 la votación más baja entre las cinco curules de circunscripción ordinaria por Caldas a esta corporación.
Las elecciones que se acercan a Congreso y Presidencia deberían ser la oportunidad para que muchas candidatas estuvieran participando, con la meta de ser elegidas. Como tampoco es así, les queda a quienes lleguen a estos cargos la tarea de reformar por fin el sistema político del país e incentivar la participación política de las mujeres.