He alertado al país sobre los profundos riesgos que implica la nueva “jurisdicción agraria”. La he descrito como un permanente proceso de reforma agraria que generaría incertidumbre en la propiedad y sería un desincentivo para cualquier inversión. A esto se suman otros asuntos que aumentan la inseguridad y desestimulan el desarrollo agrario.
Por eso, junto con los ponentes de la iniciativa, hemos trabajado intensamente para llegar a acuerdos que eliminen los riesgos más significativos. El resultado es aceptable: logramos una ponencia única. Sin embargo, esto no puede interpretarse aún como una señal de tranquilidad absoluta. Habrá que observar cómo se desarrolla el debate y si los acuerdos sobreviven.
El primer punto fue eliminar, de los principios de la jurisdicción, la obligación de buscar la equitativa distribución de la tierra, así como la facultad de los jueces de hacer seguimiento de oficio a los fallos, con lo cual los procesos nunca terminaban. Se excluyeron de la jurisdicción los temas comerciales, de familia, ambientales y minero-energéticos.
La extinción de dominio agrario mantendrá su fase judicial y no será competencia exclusiva de la Agencia de Tierras. Esto evita que se convierta en un trámite administrativo fácil y rápido, lo que llamamos “expropiación exprés”. Aun así, insistiré en que esta medida es inconstitucional.
Logramos también mantener la igualdad entre los sujetos procesales. El juez ya no tendrá que creerle automáticamente a una de las partes (ni permitir que las ONG litiguen). En su lugar, se acordó generar amparos de pobreza y representaciones gratuitas. Asimismo, eliminamos el principio de permanencia agraria, que era prácticamente una invitación a la invasión.
Propuse, y se aceptó, un capítulo especial para los procesos de los campesinos más pobres. Imagino jueces agrarios obligados a desplazarse hasta las veredas para resolver litigios pendientes, incluso de otras jurisdicciones, cuando haya acuerdo común entre las partes. Este modelo replica la solución alternativa que ofrecen las notarías. Además, quedó establecida, a mi solicitud, una rebaja del 90% en los costos de matrícula y registro para los campesinos más pobres, Esta medida es la mejor alternativa para que puedan regularizar las sucesiones.
Quedan aún otros asuntos pendientes. Uno de los más relevantes es el de los baldíos: tierras que pertenecen a la Nación, cuya cantidad y situación jurídica son un enigma. Todos los baldíos están en posesión de alguien, pero su tratamiento varía según la época histórica. El Gobierno pretende que los procesos para que la Nación recupere los baldíos sean resueltos exclusivamente por la Agencia Nacional de Tierras, sin pasar por una fase judicial. Esto genera una inseguridad jurídica enorme: aunque alguien haya comprado un predio de buena fe, después de 80 años podría enfrentar un reclamo del Estado, que podría adjudicárselo argumentando que se trata de un baldío.
Paradójicamente, si un ciudadano descuida su predio por cinco años y alguien lo ocupa, pierde su propiedad. Estamos convencidos de que este tema tan complejo requiere normas más precisas y un tratamiento absolutamente judicial. No obstante, el Gobierno insiste en implementar un proceso exprés y administrativo.