Si se analiza la Constitución del 91 se nota que es una construcción en la cual mucho material, como en todo lo nuestro, es traído de afuera, muchas veces violentando lo local, como sucede con la figura de las ONG que se consteló a partir de esa fecha. Técnicamente, ONG siempre han habido y no fueron novedad, cambió sí la curiosa relación entre Estado y esos entes emergentes. Existen hace muchas décadas instituciones como las sociedades de mejoras públicas, todas ellas centenarias, hay las obras de caridad, también recargadas de años, y existían los clubes, todas entidades que eran la expresión de una voluntad de gentes afines que buscaban una personería jurídica para darle un manejo oficial y transparente a sus objetivos.
La transformación se vio con la reconstrucción de Quindío, después del fatal temblor donde esa gran obra se manejó por medio de ONG que ya no eran la expresión de una voluntad de una gente, sino se convirtió en un oportuno marco jurídico para proceder con presteza en la reconstrucción material de la zona afectada. La ley no diferencia entre una ONG recién fundada con $1.000.000 de capital y aquellas venerables instituciones que poseen inmuebles de mucho valor y una larga y admirable trayectoria benéfica. Todo se controla de igual manera y los desaciertos pueden ser aterradores.
Si se les hiciera una auditoría a las ONG, especialmente a las centenarias, se notaría que el espíritu y orden con las cuales se concibieron, ya no existe, pero que tampoco fue reemplazado por otro ideal o concepto de valores. Se desmontó el enfoque católico de caridad y se pretendió suplantarlo por la participación en convocatorias oficiales, nacionales o extranjeras, abandonando el concepto de caridad. La centenaria Salamina no se puede escapar de esas turbulencias habiendo sido cuna de dos importantes instituciones como la Cruzada Social y la Sociedad de San Vicente de Paúl. El padre Francisco Javier Mejía fundó, después de la crisis social del 9 de abril, la Cruzada Social y mucho antes el gran padre Joaquín Barco, en el año 1885, había fundado una sucursal de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Salamina, organización católica muy en boga en esa época del surgimiento fuerte del proletariado, con el mismo fin: una organización para que el católico pudiese ejercer la caridad y a la vez los necesitados tuvieran un apoyo efectivo.
Con el cambio de marco jurídico y con el afán de Estado moderno de suplantar a la Iglesia Católica de sus funciones caritativas, estas instituciones empezaron un declive notorio que de forma igual afecta a instituciones civiles como las SMP que perdieron su rumbo con muy pocas excepciones donde se nota que sus integrantes son conscientes de que viven una época de transición y supieron adaptarse a ellas. Uno de los proyectos estrella de San Vicente de Paúl y de importancia cultural por la edificación, son los hogares ubicados al frente del cementerio. Los conocí por dentro y daba grima ver la decadencia, ya que por décadas no se les metió dinero en su refacción, dinero que no existía porque el municipio tenía intereses más amplios, que la Sociedad San Vicente de Paúl no podía cubrir y los líderes millonarios de hace muchos años se habían ido de Salamina. Debo aclarar: no del todo porque siguen aportando como lo hizo Luis Carlos Villegas y la Escuela Taller, donde este hombre trajo a Salamina esa importante oportunidad de fomentar a su gente y proteger el patrimonio cultural.
Vi hace poco los hogares reconstruidos por los aportes de una salamineña residente en los E.U.A., Gloria Toro y su sobrina Adriana María Gómez Toro, que donaron y se encargaron de ejecutar alrededor de 230 millones de pesos devolviéndole la dignidad a esta labor y a sus usuarios. Me cuentan amigos de Salamina que esa labor se vio torpedeada y bloqueada por la junta directiva de la Sociedad, alegando que se trata de un lavado de activos y se quejaban mis amigos que la Junta le subió el canon de arrendamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado que todo lo sabe, todo lo controla y lo tiene legislado, no aclara y salva a esa institución? ¿O la Sociedad prefiere esconderse detrás de sus reglamentos y actas que los blinda de toda injerencia externa? Pero deben saber que no los salva del juicio de la opinión pública.