El martes pasado volvimos a ver al presidente Petro en las pantallas del televisor, algo que se está volviendo paisaje y que sin duda es un abuso del Gobierno con los ciudadanos cuando están en su rol de televidentes.
La alocución presidencial, un evento que debe reservarse para asuntos muy importantes, está siendo usada sin el menor recato para ‘embutirnos’ al presidente y sus disertaciones diletantes. No hay escapatoria.
En esta ocasión fue en Barranquilla, en el Paseo Bolívar, lugar icónico de la ciudad. Días antes el mismo presidente anunció que convocaría a cabildos abiertos en todos los municipios del país para pasar sus reformas, y lo de Barranquilla fue anunciado como un cabildo abierto.
El anuncio de Petro sobre los cabildos abiertos por todo el país estuvo lleno de ambigüedades e imprecisiones, como siempre, y dejando la impresión de que sus convocatorias tendrían efecto vinculante.
Este episodio, y muchos más parecidos, me hicieron recordar al ‘Estado de opinión’ pregonado por José Obdulio Gaviria durante el segundo mandato de Uribe. Gaviria, ideólogo del Gobierno Uribe, promovió entre 2008 y 2009 su teoría del Estado de opinión, proponiendo que los pronunciamientos de la ciudadanía en apoyo del mandatario debían tener fuerza de ley y anteponerse a cualquier norma jurídica, o sea estar por encima del Estado de Derecho.
Con una tesis amañada y con visos barrocos, Gaviria quiso hacerle un atajo a las instituciones con el argumento de que la alta popularidad de Uribe cuando era presidente era suficiente para generar un orden jurídico a la medida del Gobierno. Afortunadamente sus ideas no tuvieron acogida y la Corte Constitucional le cerró el paso a un tercer período del presidente Uribe.
Petro, sin necesidad de intermediarios, con frecuencia presenta tesis similares que buscan desconocer toda la arquitectura institucional del país y obtener credenciales de legitimidad y legalidad para sus propuestas a través de figuras inexistentes en la constitución y la ley.
En esta ocasión es el cabildo abierto la institución manipulada, queriendo dar la impresión de que la sumatoria de muchas voluntades de comunidades de base en todo el país puede reemplazar los caminos y procesos que las normas legales obligan.
Lo que queda en evidencia es que el presidente todavía confunde fenómenos meramente políticos, como puede ser una reunión política con buena asistencia, con figuras jurídicas que deben regir al Estado.
El cabildo abierto es un mecanismo que está contemplado en la Constitución de 1991 en su artículo 103 como una de las formas de participación democrática. Y es la Ley 1757 del 2015 la que lo reglamenta, poniendo de presente que solo puede ser usado para asuntos del municipio y el departamento, no para temas nacionales. Además, su convocatoria, realización y efectos están estrictamente reglamentados en los artículos 22 al 30.
Lo del presidente Petro en Barranquilla fue una mera concentración política, lejana a cualquier evento con efectos jurídicos, la que recogió a unos 20.000 simpatizantes suyos, y en la que solamente él habló. Ahora bien, lo que sí quedó claro por ideas expuestas en su discurso, como convocar a paros, es que Petro no ha entendido bien que él es el jefe de Estado de Colombia, y parece que ya no va a entender.