Anoche el presidente Petro en señal televisiva, la que tanto le gusta, anunció que convocará a una consulta popular para que la ciudadanía, que él siempre llama pueblo, decida sobre la reforma laboral, que se cayó en la Comisión Séptima del Senado, y la de salud, que pareciera correr el mismo destino, pues su suerte está en manos de misma Comisión; y de ñapa podría agregar la reforma pensional si la Corte Constitucional declara su inconstitucionalidad por vicios de trámite.

A renglón seguido el presidente invita al pueblo a salir a las calles, a manifestarse a favor del cambio que la oligarquía no le permite hacer. Dice que convocó al pacto nacional, pero los sectores retardatarios no le copiaron. Entonces ahora el cambio lo hará directamente el pueblo.

Pero la cosa no es tan sencilla, por el contrario es muy complicada, y esta propuesta puede ser flor de un día; o en caso de persistir, su posibilidad de salir adelante en las urnas es tremendamente difícil.

La consulta popular que propone Petro está permitida en la Constitución, lo que piensa hacer no es nada ‘revolucionario’. Pero sí tiene muchos retos prácticos para llegar a buen puerto y preguntas jurídicas qué resolver.

La historia del uso de los mecanismos de participación ciudadana directa -título IV de la Constitución, artículo 103-, ha sido más de decepciones y derrotas que de triunfos.

Excepto el voto, los demás instrumentos: plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria de mandato, han sido muy poco utilizados y casi siempre vencida la propuesta presentada.

Poquísimos alcaldes han tenido que dejar su puesto en más de treinta años por revocatoria y los tres grandes llamamientos a la ciudadanía para decidir han naufragado.

En el 2003 el presidente Uribe, contando con una aceptación abrumadora, convocó a un referendo para decidir sobre una gran cantidad de temas. Salió derrotado.

En el 2016 el presidente Santos llamó a un plebiscito que reafirmara el muy conveniente acuerdo de paz logrado con las Farc en La Habana, y a pesar de ser la mayor ilusión de los colombianos el fin de la guerra interna, fue derrotado en las urnas, por 53 mil 894 votos, en un universo de 12 millones 979 mil 804 votos. Todos los vaticinios apostaban por el triunfo del SÍ.

Y en el 2018, liderada por la senadora Claudia López, se presentó la consulta popular contra la corrupción, que promovía medidas anheladas por todo el mundo; la votación fue en un 99% favorable, pero resulta que había un umbral: 12 millones 140 mil 342 votos, el 33% del censo electoral. Votaron 11 millones 674 mil 951 ciudadanos, se ‘peló’ por 465 mil 391 votos (3,83%).

Como vemos, es un camino muy difícil el que tiene el Gobierno, los números son duros. Además, no necesariamente son populares las iniciativas que quiere promover y la oposición sería implacable en su campaña por el NO.

Mirando un poco más allá de la noticia y de la técnica jurídica, vemos como el presidente Petro tiene una gran dificultad de modificar sus imágenes de cómo deben ser las cosas, la sociedad, la economía, por eso sus propuestas son inflexibles; y en segundo lugar cómo en su imaginario la idea de lo popular es restringida a ciertas identidades, desconociendo que el país son más de 50 millones de personas.

Bueno, pero en la inestabilidad del presidente nada raro que desista de esta idea en una próxima madrugada, a las 3:00 a.m.