El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Manizales debería ser una herramienta clave para garantizar la permanencia y la equidad educativa.

Sin embargo, las deficiencias en su implementación lo han transformado en un factor que, lejos de fomentar inclusión, contribuye a la deserción escolar y en la reducción de la matrícula en gran parte de las instituciones educativas públicas de la ciudad.

Aunque las cifras oficiales proyectan una cobertura de 32.500 estudiantes beneficiados en el año 2024, la realidad dista mucho de esta meta. Actualmente, el PAE cubre a 29.500 estudiantes, entre raciones de catering y almuerzos preparados en sitio.

Esta diferencia abismal entre la promesa y la ejecución, deja a miles de niños sin el alimento que esperan y, en muchos casos, que necesitan para asistir a la escuela.

El deterioro de la calidad nutricional agrava el problema. La eliminación de la sopa y la reducción de las porciones, especialmente en las escuelas más vulnerables, privan a los estudiantes de la carga calórica y proteínica mínima que exige el programa.

La normativa nacional establece que los estudiantes en jornada única deben recibir el 30% de sus requerimientos diarios, mientras que los de doble jornada obtienen solo el 20%.

La realidad es que muchos niños están recibiendo menos, lo que afecta directamente su capacidad de aprendizaje y su rendimiento académico.

La infraestructura escolar es otro obstáculo. Para implementar la jornada única, las instituciones deben contar con cocinas, comedores adecuados, personal capacitado y la aprobación de contratos.

Sin embargo, muchas cocinas escolares no cumplen ni siquiera con requisitos básicos como grameras para medir las porciones correctamente.

Esta falta de condiciones mínimas impide ampliar la cobertura y condena a las escuelas a funcionar bajo esquemas limitados, en los cuales las raciones alimentarias son insuficientes o ni siquiera llegan.

Desde el punto de vista financiero, el panorama es desalentador.

El costo por plato servido aumentó de $5.680 a $6.542 en el 2024, muy por encima del IPC, que se situó en 5,2%, pero esta alza no se reflejó en una mejora de la calidad ni en la cantidad de alimentos entregados.

A esto se suma una investigación en curso de la Fiscalía sobre la presunta desviación de $1.030 millones vinculados al PAE.

Además, la veeduría ha señalado irregularidades en la contratación, con sobrecostos evidentes y proveedores que no cumplen los estándares establecidos.

Las denuncias indican que, a pesar del incremento en el presupuesto, se eliminaron raciones esenciales como la sopa y los refrigerios, en escuelas vulnerables priorizadas por el Concejo Municipal.

Es claro que el dinero no está llegando a donde debería: los platos de los niños y niñas que más lo necesitan.

La situación tiene consecuencias visibles: la deserción escolar aumenta mientras la matrícula disminuye. Para muchas familias en situación de vulnerabilidad, el programa es un incentivo crucial para enviar a sus hijos al colegio.

Cuando el PAE falla, la escuela deja de ser una opción viable. La eliminación de refrigerios, reportada por padres y comunidades de instituciones como La Linda, Marco Fidel Suárez, Sinaí, San Sebastián, Tecnológico o Fe y Alegría, es un golpe directo a las familias que dependen de este apoyo para garantizar la asistencia diaria de sus hijos.

El PAE no puede seguir siendo una cifra en los informes oficiales. Es una política pública de Estado que debe garantizar no solo la nutrición adecuada de los estudiantes, sino también su permanencia en el sistema escolar.

El Comité de Alimentación Escolar de cada institución debe asumir un rol activo y vigilante, asegurando que los recursos asignados lleguen íntegros a las instituciones y se traduzcan en alimentos suficientes para que sean ingeridos en condiciones de dignidad, asepsia, en espacios destinados para el consumo de alimentos.

Solo así se podrá revertir la preocupante tendencia de deserción y caída en la matrícula, recordando la consigna: “la alimentación escolar no es un lujo ni, una dádiva: es un derecho fundamental que condiciona el presente y el futuro de los niños y niñas de la ciudad.