El editorial del miércoles 25 de marzo del Periódico La Patria titulado “Miel II no puede seguir bloqueado” bien pudo referirse a la hidroenergía en Colombia cuya expansión, a pesar de ser un país rico en potencial hidroenergético, se encuentra en cuidados intensivos.

La mayoría de las empresas del segmento han decidido abandonar sus portafolios de proyectos hidroeléctricos moviéndose principalmente para el segmento de la energía solar. El principal factor decisional se refiere a las pocas probabilidades de éxito que asignan a los proyectos hidroeléctricos en comparación con los proyectos solares, lo cual se traduce en el tiempo en que se concreta una expectativa de inversión (“Time to market” es la variable determinante). Espíritu Santo de EPM y Miel II de Inficaldas son prácticamente los únicos proyectos en desarrollo actualmente.

En términos de política energética, a partir de la expedición de la Ley 1715 del 2014 por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional se abrió el camino que hoy recorremos con muy buenos resultados de diversificación de nuestra matriz energética, lo cual, definitivamente le agrega valor al sistema eléctrico del país al disminuir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

Pero concentrar todas las apuestas de expansión del sistema en una sola tecnología no estuvo en las cuentas. Personalmente no estoy de acuerdo en la comparación de tecnologías, pues parto del principio que un país debe aprovechar al máximo sus energéticos. Colombia es rico en agua, sol y viento y una matriz con una buena combinación de todas, pues es más económica, segura y eficiente en términos eléctricos.

Ahora bien, es un contrasentido sustituir producción nacional por importaciones, lo cual se logra cuando se sustituyen las hidroeléctricas con granjas solares. Las cuentas son sencillas: la construcción de 1MW Hidro, que cuesta alrededor de USD$2,5 millones, demanda importaciones solamente del 30%, mientras que la misma cantidad de energía se produce con 3 MW solares que cuestan aproximadamente lo mismo y el componente de importaciones pesa entre el 80% y el 90%.

A lo anterior se debe añadir el cambio de uso del suelo de las tierras con mayor productividad agrícola que provocan las granjas solares y la renuncia que hace el país a transformar territorios a partir de los proyectos hidroeléctricos (Norcasia es un ejemplo de ello, mientras que La Dorada ya tiene 220 MW de capacidad instalada en 2 granjas solares en operación y el aporte al desarrollo del territorio es marginal).

Estoy seguro de que las posibilidades de reconstruir un portafolio de proyectos hidroenergéticos fuerte en Colombia deben transitar por una amplia conversación nacional para la revisión de la política energética. Pero lamentablemente los espacios de conversación también fueron sustituidos por movimientos sociales con objetivos políticos que poco espacio abren a la construcción de opciones.

Y antes de una eventual conversación sobre la política los diferentes actores deben revisar sus propias posiciones, pues se necesita un Gobierno con una perspectiva más amplia, unos movimientos sociales con mejor disposición al diálogo y unas empresas con mayor conciencia de su responsabilidad sobre el pasado, presente y futuro de la hidroenergía en Colombia.

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Adenda: Mis opiniones en relación con el tema se derivan de mi experiencia de casi 20 años en el sector eléctrico y nada tienen que ver con el contrato que Fractal Consultores S.A.S. BIC, en donde me desempeño como director de proyectos, ejecuta para la Promotora Energética del Centro.