Una decisión de congelar precios nos solo conduciría hacia un racionamiento, sino que mataría la esperanza de transición energética.

Lo más sano para el país es que el Congreso niegue la totalidad de las facultades y se dé un debate respetuoso pero profundo.

Aunque la intervención tarifaria pueda tener efectos inmediatos, los resultados a mediano plazo serán devastadores. 

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