Hoy se elige el Congreso de la República. Aprovecho esta tribuna para formular algunas preguntas a los candidatos y a quienes resulten elegidos. En primer lugar, es necesario recordar un hecho que ya ha sido ampliamente señalado: el déficit presupuestal acumulado en la educación preescolar, básica y media desde la expedición del Acto Legislativo 01 del 2001 y del 04 del 2007 supera hoy los 240 billones de pesos. Este desfinanciamiento tiene responsables claros. Se gestó en el Gobierno del expresidente Andrés Pastrana, cuando el Ministerio de Hacienda estaba en cabeza de Juan Manuel Santos, y se profundizó en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Alberto Carrasquilla al frente de esa misma cartera.
Las consecuencias están a la vista: infraestructura educativa cada vez más deteriorada, hacinamiento escolar, cierre o desaparición de instituciones y sedes, y un entramado normativo diseñado para debilitar el sistema educativo. Frente a esta realidad no han faltado compromisos. Lo que sí ha abundado son los incumplimientos.
Los gobiernos de Santos, Duque y Petro asumieron, en distintos momentos y a través de los pliegos de peticiones presentados por Fecode, compromisos concretos: modificar el Sistema General de Participaciones (SGP) para aumentar de manera real y progresiva los recursos destinados a educación, y revisar las relaciones técnicas, es decir, el número de estudiantes por salón, que hoy nos ubica en un lugar vergonzoso entre los países de la OCDE.
Sin embargo, frente a lo segundo ninguno de los tres gobiernos cumplió. Y frente a lo primero, apenas se avanza tímidamente. La reglamentación del nuevo esquema del SGP ni siquiera alcanzó a tramitarse en esta legislatura.
Existe además un riesgo evidente: que dicha reglamentación termine respondiendo más a los intereses de los politiqueros que a las necesidades del sistema educativo. Si eso ocurre, el aumento de recursos no se destinará necesariamente a fortalecer la educación, sino que podría diluirse en bolsas de libre destinación para los entes territoriales, lo que en la práctica facilita el manejo discrecional de los recursos.
Y en esto conviene ser claros. De esta situación son responsables tanto la vieja clase política tradicional, que hoy posa en fotografías con nuevos candidatos, como también sectores de la llamada política del cambio que hoy gobiernan el país. Por ello, quiero plantear dos preguntas concretas:
Primera. ¿Cuál será su postura frente a la reglamentación del nuevo Sistema General de Participaciones?
Segunda. ¿Qué propuestas tienen para modificar el Decreto 3020 del 2002, en lo relacionado con las relaciones técnicas y el número de estudiantes por aula?

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Notilla
Esta semana, durante una visita a un colegio, un estudiante me contó algo que debería preocuparnos a todos: expresó que lo maltrataron por fuera de la institución educativa por haber expresado que no estaba con ninguno de los dos candidatos que encabezan las encuestas a Presidencia. Aun sin poder votar, ese joven defendía algo elemental: su derecho a tener criterio propio. Por eso quisiera formular una última pregunta. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes, en el clima de intemperancia que vive el país, exacerbado por las bodegas en las redes sociales; en esa atmósfera que parece impedir que las diferencias se tramiten de manera civilizada y que reduce el debate político a la lógica binaria entre extremos? Más aún: ¿qué mensaje le envían a ese estudiante y a los demás jóvenes del país?