La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de habilitar al presidente Evo Morales para una cuarta candidatura a ese cargo es un duro golpe a la democracia y una muestra evidente de abuso de poder en ese país suramericano. Esta determinación es contraria al resultado del referendo del 21 de febrero del 2016, cuando el 51,3% de los habitantes de ese país dijeron No a una reforma constitucional que permitiera una tercera reelección del mandatario. 
Hay que recordar que ya el año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había levantado las restricciones a las reelecciones en casos como este (contrariando lo dicho en la Constitución, donde se limita el número de periodos presidenciales), por lo que ahora solo se refrenda tal fallo que tiene un beneficiario directo: el presidente Morales, quien desde enero del 2006 llegó al cargo.
El argumento de la supuesta supremacía de lo dicho por el TCP frente al mandato del pueblo del llamado 21F, que sirvió a los magistrados del TSE para abrirle el camino al actual presidente a su permanencia vitalicia, va en contravía de los más básicos principios de la democracia. Es cierto que era lo esperable, pero el hecho de que el pronunciamiento se haya adelantado al paro cívico nacional programado para ayer, deja mucho qué pensar en cuanto al deseo de boicotear las expresiones de rechazo al deseo de Morales de perpetuarse. Es una verdadera provocación que puede terminar muy mal. Por donde se le mire, hay abuso de poder.
De acuerdo con encuestas recientes, el 68% de los bolivianos desaprueba que se le dé carta abierta a Evo para presentarse de nuevo como candidato, aunque eso contrasta con otros sondeos que muestran a Morales como el favorito para ganar los comicios del año entrante. Las primarias están previstas para enero próximo, en donde el partido del Presidente, Movimiento Al Socialismo (MAS) buscará tomar ventaja y así facilitarle el triunfo en octubre. Lo que está ocurriendo ahora no sería más que una jugada estratégica para fortalecer la hegemonía, que desde el mismo 2006 cuando llegó diciendo que estaría en el poder por 500 años.
En Bolivia hay actualmente una operación para cooptar el control de todos los poderes públicos y consolidar un autoritarismo en cabeza de Evo Morales, que busca anular a los opositores, como infortunadamente ya se ha dado en Venezuela y Nicaragua, por ejemplo. Razón tiene el expresidente Carlos Mesa, quien es el principal rival de Morales en la búsqueda de la Presidencia y favorito en algunas encuestas, cuando afirma que se le ha dado un golpe de muerte a la democracia.

Por las vías legales los opositores pretenden que la determinación de TSE sea impugnada, y entre tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se declaró a la expectativa antes de pronunciarse acerca de lo que está pasando en Bolivia. La oposición busca ahora la unión de todas las fuerzas para que haya una condena a los hechos recientes y consolidar una sola opción presidencial en el caso de que Morales se empeñe en seguir adelante. Ante este verdadero golpe de Estado institucional que instaura una dictadura en Bolivia, se espera que la CIDH resuelva pronto sus dudas y tome posición. Pensar que la Convención Americana de Derechos Humanos pueda autorizar a Morales para su mandato vitalicio, en contra de la soberanía popular, es indefendible.