El informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que se presentó la nueva metodología del Índice de Desempeño Fiscal (IDF), evidenció que ningún municipio de Caldas es solvente ni sostenible, incluyendo a Manizales. De hecho, la mayoría está en el rango de vulnerable (5) y en riesgo (22), y 5 municipios no cumplen la Ley 617 del 2000 (Chinchiná, La Dorada, Marmato, Samaná y Villamaría). Así las cosas, la sostenibilidad financiera de estas entidades territoriales se encuentra en entredicho y se hace necesario adoptar medidas para despejar el panorama.

Las fórmulas de solución se relacionan con la generación de más recursos propios, el control del endeudamiento, mejorar los indicadores de inversión y optimizar la capacidad de gestión financiera, entre otros. Actualmente se tiene mucha dependencia de las transferencias nacionales y los límites en gastos autorizados se mantienen en constante riesgo, y de esa manera la solvencia financiera de largo plazo no está garantizada.

Conscientes de que hay una nueva metodología, desde la Gobernación de Caldas, en coordinación con el DNP, deben establecerse las directrices para mejorar el manejo de las finanzas municipales. Hay, desde luego, un eco de los malos momentos del 2020 relacionados con la pandemia de covid-19, pero esa no puede ser disculpa para no hacer los ajustes necesarios.

No podemos consolarnos con el equivocado argumento de que no es Caldas la única región que tiene estos problemas; es clave que haya remedios efectivos para las indiscutibles dificultades que hay. Evidentemente, estamos ante una acumulación de centralismo que ha impedido que los entes territoriales tomen en serio la descentralización, pero la responsabilidad no es solo de los municipios. Desde la Nación no se han impulsado las reformas, como aquella que dé mayor autonomía a las regiones y que les permita acceder de manera directa a recursos aportados por los ciudadanos.

Como lo manifiestan desde la Secretaría de Hacienda de Caldas, los municipios de categoría sexta, quinta y cuarta tienen la posibilidad de corregir primero y mejorar sus ingresos, a través de las actualizaciones catastrales. Es un asunto del que se viene hablando desde hace tiempo y ya cuenta con herramientas jurídicas y técnicas para lograrlo. Situaciones de atraso catastral de más de 10 años es algo que debe afrontarse urgentemente; en esa medida mejorará el escenario. La medición del 2021 nos dirá si se hizo lo suficiente para lograrlo.

Un punto esencial es que en las inversiones requieran cada vez menos gastos administrativos, y que el mayor porcentaje del dinero corresponda a la inversión en sí. Aunque se ha avanzado en eso, la realidad es que muchas veces se gasta más en burocracia y gestiones administrativas improductivas que en los proyectos como tales.

Así mismo, es fundamental que se les dé prioridad a inversiones de bienestar general que también ayuden a obtener un retorno vía contribuciones, por ejemplo, para que se pueda generar un círculo virtuoso en las finanzas municipales. Ahora bien, la mejor manera de poder avanzar en los recaudos y en la búsqueda de nuevas fuentes de recursos es que las comunidades perciban favorablemente las inversiones. Si eso no se logra, será muy difícil ascender en el IDF. La derrota de la corrupción es el principal paso que debe darse para que la cosas mejoren.