La decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en segunda instancia, de ordenarle a la Alcaldía de Manizales retirar a los vendedores ubicados en las bahías de parqueo frente al Monumento a Los Colonizadores, en el barrio Chipre, no puede quedarse solo en cumplir con el desalojo, sino que es necesario que se piense en aportar soluciones a los dueños de los negocios afectados, con el fin de que puedan seguir prestando sus servicios, pero en una ubicación cercana que cumpla con todos los parámetros legales necesarios.
El autor de la acción popular, el ciudadano Enrique Arbeláez Mutis, buscó con su recurso legal que fuera defendido el espacio público y la infraestructura destinada a vehículos en el sector de la bahía, pero eso no quiere decir que no se puedan buscar nuevas alternativas allí que garanticen la actividad económica, la generación de empleos y el servicio ofrecido por los comerciantes a los visitantes del lugar. Desde la audiencia de pacto de cumplimiento debió tomarse alguna decisión, pero desde la Alcaldía de ese momento, en agosto del 2019, no hubo propuestas.
Inclusive, el fallo del Juzgado Primero Administrativo en primera instancia, en noviembre del 2020, también debió tomarse como un llamado a buscar soluciones, pero pasaron los meses sin tener una propuesta en ese sentido, y ahora el dictamen es claro acerca de que la bahía no puede ser usada por los comerciantes y que será necesario buscar otras opciones, a las que se les pueda dar un permiso permanente, y no provisional como el actual.
El dictamen judicial es explícito en el sentido de que, además, hay que establecer acciones administrativas que garanticen la movilidad y paso de transeúntes por los senderos peatonales en el sector contiguo al Parque de los Colonizadores, realizar un estudio técnico para identificar y evaluar la conveniencia y necesidad de instalar baños públicos en la Avenida 12 de Octubre que, especialmente, los fines de semana tiene a muchas personas circulando. Antes de que termine el 2022 se debería tener una solución concreta.
Ahora bien, independientemente de las alternativas que se brinden en este caso específico, resulta necesario reflexionar acerca de lo que ocurre con el espacio público en Manizales y las opciones que se pueden plantear para su uso en toda la ciudad, obviamente, con estudios previos ligados a las actividades turísticas, por ejemplo, como en el caso de Chipre y otros sectores de Manizales. Tal vez, valga la pena hacer cambios generales en la normativa de uso del espacio público, que permitan el pago de una tarifa determinada por uso.

Este asunto también debe conducirnos a retomar la idea que se tenía hace unos años de cobrar una tarifa por el uso de terrazas y antejardines en sectores como El Cable y Milán, por ejemplo, donde se tiene un uso generalizado que debe ser reglamentado. En muchas ciudades del mundo y de Colombia se aplican iniciativas de este tipo, en las que los comerciantes pagan por el uso de ese tipo de espacios. Obviamente, la idea es que sean tarifas razonables, justas y proporcionales.