Nos acercamos a los 5 años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, frente al cual se han dado incumplimientos tanto del lado del Gobierno Nacional como de los exjefes de esa guerrilla, aunque se mantiene la esperanza de que la implementación de lo pactado vaya más rápido y con ello se construya de verdad una paz estable y duradera, como tanto se pregonó desde la época de las negociaciones de La Habana (Cuba). Ahora bien, también persiste el temor de que ese conflicto pueda reactivarse y que Colombia sufra un gran retroceso en el que la posibilidad de superar la violencia, que todavía nos afecta, se vuelva más lejana.
 De acuerdo con un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde el 1 de diciembre del 2016, cuando quedó sellado el acuerdo, 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las Farc han sido asesinados. El caso más reciente, ocurrido esta semana, es el de la gobernadora indígena Nasa y líder ambientalista Sandra Liliana Peña, de 34 años, quien había denunciado el crecimiento de los cultivos ilícitos en el departamento del Cauca, y quien al lado de la guardia indígena comenzó hace un mes en una zona del municipio de Caldono un programa de erradicación manual de esas plantaciones.
 A todos aquellos que, en diversas regiones del país, se opongan a los planea de las mafias del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, principalmente, o que luchen en la defensa del medioambiente, los empiezan a amenazar de muerte. Como, generalmente, esos líderes se mantienen firmes en sus reclamos y denuncias, y en el caso de muchos desmovilizados promueven la paz y reclaman hechos concretos del acuerdo, manos oscuras que el Estado ha sido incapaz de develar se manifiestan con desapariciones, desplazamientos, secuestros y homicidios, sin que desde el Ejecutivo se les haya brindado la protección necesaria para salvar sus vidas.
 Muy grave es que con cada asesinato, que afecta de manera directa a las comunidades a las que pertenecían estas personas, también se va matando la confianza de quienes escuchaban a esos líderes con la ilusión de salir adelante alejados de la ilegalidad y la violencia. Eso repercute en una peligrosa incertidumbre, en la que se incuban nuevos conflictos y desesperanzas. Todos estos homicidios solo buscan intimidar a las comunidades para que se mantengan pasivas ante los abusos y la ilegalidad, y cortar las alas de todos aquellos que puedan dañarles sus prósperos negocios ilegales.
 En medio de todo esto lo que resulta esperanzador es que cerca de la mitad de los 13.589 excombatientes de las Farc están vinculados a proyectos productivos individuales y colectivos, según lo corroboró el enviado de las Naciones Unidas para Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Cada una de esas personas aporta ahora de manera positiva a su propio bienestar y de sus familias, y por tanto al logro de una mejor sociedad colombiana.

Ahora el desafío es lograr que el otro 53% también reciba el respaldo que necesita para dejar atrás para siempre la página de violencia en la que estuvieron durante tanto tiempo, y que hacia el futuro solo haya prosperidad. Para ello, sin embargo, lo primero es vencer esas fuerzas oscuras que asesinan líderes y excombatientes cada semana. Lo prioritario tiene que ser proteger la vida.