Los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó y Nariño han sido epicentro en días recientes de ataques en contra de agentes de la Policía Nacional, en desarrollo de un llamado “plan pistola” impulsado por el Clan del Golfo en el país. Las autoridades aseguran que se pasó de una oferta de $2 millones por asesinar uniformados a $20 millones por cumplir ese macabro objetivo, con el que esa organización busca desestabilizar y generar pánico en diversas regiones.
De hecho, en varias regiones en las que se sabe de la fuerte presencia de esa organización criminal los policías han empezado a usar chalecos antibalas y a tomar mayores precauciones para no exponerse a posibles ataques. Interceptaciones a líderes del Clan del Golfo, liderados por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, demuestran el gran interés de esta banda criminal de mostrarse fuertes ante la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro, quien ha dicho estar dispuesto a negociar con todos los actores armados en el país una desmovilización general.
Durante los días recientes se ha atacado a los policías con pistolas y revólveres, pero también con granadas, como en el caso de Dabeiba (Antioquia) en contra de la base militar ubicada en ese sector. Lo cierto del caso es que al hacer un balance de lo ocurrido en las semanas recientes en este tipo de ataques de desconocidos, el plan pistola ya alcanza un balance de 18 policías y 5 soldados asesinados, la mayoría de ellos en el departamento de Antioquia.
El hecho más reciente ocurrió el pasado jueves en la mañana en el municipio de Policarpa (Nariño), donde dos patrulleros fueron heridos por desconocidos que los atacaron cerca de la Alcaldía Municipal, en plena área urbana de ese poblado. La alarma por este tipo de hechos ya se hizo general en el país, y se requiere que haya una reacción contundente del Estado para frenar estos ataques contra la institución policial, cuya tarea es brindar seguridad a los colombianos.
Se equivocan los cabecillas del Clan del Golfo si con la promoción de esa práctica abominable pretenden encontrar respuestas que les favorezcan en un eventual proceso de desmovilización durante el próximo gobierno. La sociedad colombiana no está dispuesta a que se ceda a este tipo de chantajes perversos que representan la muerte de personas inocentes, tras cobardes ataques a mansalva.
Con la llegada del nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconocido por su preocupación por los derechos humanos, resulta fundamental que además de garantizar que los miembros de la Fuerza Pública sean defensores de esos derechos, también los suyos les sean respetados por todos y que encuentren siempre la solidaridad ciudadana en circunstancias tan difíciles como las que están afrontando.