Está más que demostrado que políticos corruptos quisieran contar con herramientas legales para evitar que sus cuestionables actuaciones sean reveladas y criticadas ante la opinión pública, y que para lograrlo están dispuestos a pasar por encima de la Constitución Nacional, un acto que además de soberbio se constituye en una verdadera amenaza a la democracia. Aunque, al final, le bajaron a la pretensión descabellada, el solo hecho de haber filtrado el mico en una ley anticorrupción y haber logrado su aprobación en plenarias del Congreso no oculta la gravedad de lo ocurrido.

Cómo sería de abusivo el intento que el propio presidente Iván Duque salió a rechazar la intentona, que iba a llegar a sus manos para la respectiva sanción. Buscan hacer ley que quienes cometan injuria o calumnia contra un funcionario o exfuncionario público vayan a prisión hasta por 10 años, una atrevida reforma al Código Penal. Eso intimidaría a muchos periodistas que hacen denuncias acerca de las conductas abusivas de algunos agentes del Estado que asumen lo público como de su propiedad privada y disponen del erario descaradamente o abusan de sus posiciones.

Son precisamente los funcionarios públicos, más que los particulares, los que deben rendir cuentas y actuar con total transparencia, al administrar el patrimonio de la comunidad y estar expuestos al escrutinio ciudadano. Por eso, el mencionado proyecto es la típica figura de los pájaros disparándoles a las escopetas.

El mismo Estado es el que debe garantizar, cada vez con mejores herramientas, la libertad de prensa y de expresión, pero sobre todo la libertad de información de los ciudadanos, pilares fundamentales de una democracia. Evidentemente, lo aprobado en el Senado y la posterior ponencia del representante César Lorduy, de Cambio Radical, así como el respaldo de un amplio número de congresistas, entre ellos cuatro caldenses, va en contra de esas bases que los ciudadanos debemos defender como patrimonios de una nación que aspire a tener cada vez más una sociedad que no solo respete derechos, sino que aplique deberes de manera natural y espontánea.

Doblemente vergonzoso es que en una iniciativa que busca castigar más severamente a los corruptos, se haya anexado semejante exabrupto, casi como una retaliación contra aquellos se atrevan a develar ollas podridas o a mostrar las perversidades de algunos que dicen representar al pueblo, pero a quienes solo les interesa su propio apetito. Son ese tipo de personajes los que desprestigian la política, los que se encargan de profundizar la apatía del pueblo ante la cosa pública y golpean la credibilidad de las instituciones.
                                            
Es importante que quienes buscan limitar libertades y establecer la censura en el país evidencie que la sociedad colombiana no está dispuesta a aceptar sus atrevimientos, y que contrario a lo que ocurre en otros países de la región, donde infortunadamente el autoritarismo ganó ventaja e impone mordazas a los medios y a los periodistas, en Colombia no se dejará pasar. Incluso es valioso, como lo han manifestado varias organizaciones civiles, que haya demandas ante la Corte Constitucional, con el fin de obtener una respuesta ajustada a derecho y sobre todo en salvaguardia de la Carta Magna.