El presidente Iván Duque acierta cuando les pide a los organismos internacionales que reflexionen acerca de los perjuicios causados por el vandalismo, la violencia y los bloqueos de carreteras, como formas de protesta en Colombia. Esto, como reacción al reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le hizo al gobierno colombiano 40 recomendaciones para evitar que se repitan hechos tan lamentables como los vividos en mayo en las principales ciudades del país. 
 Pese al acertado reclamo de reflexión, hay que reconocer que el mandatario se equivocó al cerrarle el paso a la llegada de la CIDH a Colombia a comienzos de mayo, cuando lo solicitó, y vuelve a errar cuando en contra de las evidencias insiste en que las acciones del Estado fueron todas correctas, cuando es innegable que hubo exceso de fuerza y desproporcionalidad en la reacción militar en algunos casos. El documento habla, así mismo, de violencia basada en género, discriminación étnico-racial, contra periodistas, contra misiones médicas e irregularidades en los traslados por protección, denuncias de desaparición y uso de la asistencia militar sin establecer límites. 
 Lo que debería hacer el Ejecutivo es aceptar las equivocaciones y comprometerse a corregir, en lugar de mantener la actitud hostil, que le resta credibilidad a su discurso de supuesto compromiso con la protección de los derechos humanos. Ahora bien, los promotores del paro también deben interpretar adecuadamente lo dicho por la CIDH en el sentido de que no todas las formas de protesta son válidas y que es necesario atender unas claras reglas de juego que garanticen que ningún ciudadano vea vulnerados sus derechos, a costa de la supuesta defensa de otros derechos. 
 Este informe es una oportunidad para que Colombia ajuste lo necesario en cuanto al derecho a la protesta, sin que ello implique violencia ni abusos de ningún tipo. Los conceptos de necesidad y proporcionalidad son clave para evitar desmadres. Ignorar la pertinencia de esos planteamientos o rechazarlos sin mayores reflexiones solo conducirá a que repitamos la historia lamentable de los desmanes de parte y parte. Hay que comprender el fenómeno y actuar con una clara orientación hacia la garantía de derechos y apropiación de los deberes ciudadanos y gubernamentales. 
 Debería darse el debate en el país acerca de si la Policía debe continuar o no bajo la doctrina militar que imparte el Ministerio de Defensa, o si lo ideal sería acercarla a los ciudadanos para recuperar su credibilidad y respeto. Una Policía con una vocación mayor de trabajo comunitario podría lograr mejores resultados en su deber de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. 

Sería conveniente establecer lazos de diálogo entre el Ejecutivo con todos los sectores inconformes, y así acercarse a soluciones conjuntas que desactiven nuevos brotes de violencia. No se entiende, así mismo, la negativa categórica a la sugerencia de crear un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en Colombia, bajo el argumento de que aquí tenemos todo para dar esas garantías. Si así fuera, no tendríamos que lamentar cada semana asesinatos de líderes sociales y desmovilizados. Ver la CIDH como enemiga de Colombia, porque hace unas críticas pertinentes es un grave error, y nos iguala con países vecinos que también rechazan de plano cualquier reparo realista. Así, la reflexión debe ser para todos los involucrados en los hechos violentos de las semanas recientes.