Hasta el próximo 5 de noviembre podrán funcionar las centrales de sacrificio que no soliciten la visita de autorización sanitaria que les certifique su operación, según lo dispuesto por el Invima. Como se afirma hoy en este diario, en la tercera entrega de un informe especial que se empezó a publicar el lunes, hay 11 instalaciones de este tipo en Caldas que estarían en riesgo de tener que cerrar sus puertas, o incluso de no abrirlas, como en el caso de Chinchiná, cuya planta fue inaugurada, curiosamente, el año pasado por el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.
Hay que recordar que en el 2018 la Asamblea de Caldas aprobó que la Gobernación asumiera un crédito por $12.500 millones para modernizar y hacer mantenimiento de 15 plantas de beneficio en el departamento. Luego Corpocaldas aportó $1.100 millones y la Secretaría de Agricultura $1.950 millones más para completar $15.550 millones. Un argumento para defender este proyecto fue la necesidad de acabar con la clandestinidad. Del total, solo las instalaciones de Pácora, Anserma, Samaná y Marquetalia funcionan con la debida certificación.
  Lo grave es que para finales del 2019 las obras debieron estar terminadas en 11 municipios más, y esta es la hora en que están a mitad de camino. Se calcula que las próximas habilitadas serán las de Supía, Aranzazu, Manzanares y Filadelfia. No obstante, las siete restantes tienen el panorama incierto, y en varios municipios se reportan pérdidas al tener estas instalaciones cerradas.
Evidentemente hay un gran retraso por poco compromiso de algunas administraciones municipales, incumplimiento de los contratistas, suspensiones a causa de la pandemia, pero más que nada por falta de una buena planeación, que ha obligado a realizar numerosos ajustes, debido a las observaciones y bajas calificaciones entregadas por el Invima, en materia de inocuidad. También, en varios casos, faltan los vistos buenos ambientales de Corpocaldas.
Estamos ante numerosas instalaciones que podrían ser calificadas como “elefantes blancos”, frente a las cuales habrá que acelerar el paso para evitar que el panorama se agrave. Lo complicado es que los presupuestos iniciales se quedaron cortos ante la real necesidad de inversión para que esas instalaciones cumplan con las exigencias técnicas.

De hecho, hasta el 25 de junio pasado se habían invertido en las centrales de sacrificio $20.109 millones 737.912. Sin embargo, todavía faltaría más dinero para tener funcionando todas las centrales que están en el programa, lo que se complica con el límite del 5 de noviembre. Además, en varios de los casos, la posibilidad de retorno de los recursos invertidos genera mayores incertidumbres, por lo que la viabilidad está cuestionada. La conclusión sería que hubo demasiada improvisación en este proyecto, lo que se podría traducir en detrimento patrimonial.