Ante la verdad irrefutable de que la legítima protesta social no puede ser criminalizada, y por el contrario protegida como lo manda la Constitución Nacional, también está esa otra total certeza de que la protesta pierde legitimidad cuando la supuesta defensa de derechos termina en atropello de los derechos fundamentales de otros; no solo pierde legitimidad, sino que se vuelve inhumana, abusiva y cercana a lo criminal. Hemos visto, por ejemplo, cómo los bloqueos en las carreteras han afectado la salud y la vida de otras personas al impedir el paso de ambulancias, medicinas y alimentos.

En este sentido es positivo el diálogo logrado por el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, y el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, con los líderes del paro, mediante el cual se ha garantizado la existencia de corredores humanitarios para defensa de la vida. Ahora bien, lo coherente es que, por ninguna razón, se afecten los derechos de los demás en la más mínima medida, por lo que los manifestantes deberían eliminar los bloqueos de vías del abanico de formas de protestar, como tampoco son aceptables el vandalismo y la intimidación que se ha tenido en los días recientes.

Es lamentable que también se afecte la movilidad de las personas y la economía de la región porque a dos o tres conductores de camión se les ocurre atravesar el vehículo en una vía; el capricho irracional de unos pocos se convierte en el perjuicio generalizado para toda una ciudad que, por ejemplo, empieza a ver la escasez de alimentos en los supermercados y la especulación con los precios en toda clase de comercios.

Por eso, insistimos, más que corredores humanitarios, lo que se necesita es que no haya más bloqueos, y que por medio del diálogo se busquen soluciones a todos los reclamos que se están presentando. El Gobierno Nacional debería acelerar el paso en los diálogos con los promotores del paro, con el fin de que sin más demoras se desbloqueen las carreteras y el flujo de pasajeros y de carga se normalice.

Son tan inhumanas estas actitudes que no resulta descabellado pensar que, como lo señaló el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sea posible emprender procesos de extinción de dominio a los vehículos que sean atravesados en las vías, y con ello violen los derechos de la gran mayoría de ciudadanos. Si bien hay estimaciones jurídicas que no ven viable la aplicación de esta figura en este caso, el grado de afectación en muchos casos es tan alto y evidente, que bien podría terminar aplicándose este enfoque judicial a quienes protestan con tanta inconsciencia.

Desde luego que también hay que ver la otra cara de la moneda, y en ese sentido hay que resaltar la rápida y enorme respuesta de la comunidad internacional, desde las Naciones Unidas y la Unión Europea, hasta cientos de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, ante las graves denuncias de casos evidentes de exceso del uso de la fuerza por la Policía en medio de las revueltas, las cuales han ocurrido en los principales centros urbanos de Colombia. Ese gran interés del mundo debe servir no solo para castigar severamente a quienes se han excedido, sino también para lograr que como sociedad aprendamos a ejercer siempre el derecho a la protesta de manera pacífica.