Burla a lucha contra la corrupción

Aunque no es infrecuente que el Congreso de la República sea escenario de escenas bochornosas, la manera como fue enterrado el proyecto de ley que pretendía quitarles a los políticos el privilegio de casa por cárcel cuando cometan delitos por corrupción, tiene las características de la más obscena burla a la democracia, y refleja el poco interés que la clase política tiene para depurar las costumbres insanas que infortunadamente caracteriza a muchos de sus miembros.

La confusión acerca de cómo ocurrieron los hechos para evitar que los conciliadores de Senado y Cámara hicieran de manera correcta su trabajo, solo muestra un panorama en el que el presidente del Senado, Ernesto Macías, le echa la culpa al presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, quien a su vez se desentiende y asegura que hizo todo lo posible para que se tramitara ese proyecto en su etapa final. Es curioso que antes de que llegara a la Cámara ya lo diera por muerto.

A esto se suma el falso conciliador Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, quien asegura que fue la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien lo hizo cometer la falla, por haberlo llamado para que se encargara del tema. Tampoco la jefe de la cartera de la política asume su responsabilidad en el hundimiento de la iniciativa. Una mala telenovela en la que todos los responsables evaden culpas, mientras el país queda indignado por la fiesta de celebración de Chacón, como si lo ocurrido bajo su mando hubiera sido muy bueno.

Es una lástima la manera como cierra la actual legislatura el Congreso de la República, y se pierde toda credibilidad acerca del compromiso del Gobierno Nacional y de los parlamentarios para tramitar las iniciativas contra la corrupción a que se comprometieron. De hecho, del paquete de proyectos en este sentido solo quedó aprobada la ley que define mecanismos para la rendición de cuentas de los congresistas, concejales y diputados. Todo lo otro se hundió o quedó pendiente.

El nuevo compromiso del presidente Iván Duque es que el 20 de julio volverá a radicar el proyecto de la cárcel para corruptos. Ojalá esta vez llegue con mensaje de urgencia y que desde el Ejecutivo se le ponga la voluntad que se le otorgó, por ejemplo, a la Ley TIC en la actual legislatura, porque la verdad es que el paquete anticorrupción se fue desgranando sin que a muchos les importara. Además, son tantos los parlamentarios comprometidos en situaciones anómalas, que hasta 70 impedimentos llegó a tener esta iniciativa en el Senado, lo que evidencia las razones por las cuales no hubo voluntad para aprobarlo.

Lo paradójico de esta actitud es que el 26 de agosto del año pasado cerca de 12 millones de colombianos salieron a votar en la consulta anticorrupción, en un ejercicio nunca antes visto de la democracia, con el que los ciudadanos mostraron su inconformidad con los niveles de corrupción en Colombia, de los cuales los mayores responsables son algunas manzanas podridas de la clase política. Lo ocurrido esta vez es, por tanto, una vulgar manera de burlarse de todos esos colombianos que se expresaron de manera tan elocuente.

Hay que recordar que antes de la consulta anticorrupción, el Congreso ya había hundido por lo menos ocho veces proyectos de ley que buscaban lo mismo que ahora y que terminaron hundidos, sin consideración alguna. Por eso, para la próxima legislatura el país tiene que movilizarse fuertemente para asegurar que se tramiten en forma seria y se aprueben sin más dilaciones. El nuevo presidente del Congreso será el senador Lidio García Turbay, del Partido Liberal, quien tendrá la responsabilidad de que no se repita el festín.