Una nueva tragedia en las cárceles del país. El libreto ya lo conocemos: un motín por enfrentamiento entre grupos que se quieren hacer con el poder irregular dentro del penal. La reacción de las autoridades. Crece el desorden y aumentan los desmanes. En esta oportunidad, según las primeras versiones, se prendieron colchones como ha sucedido antes en otras cárceles y luego viene el incendio que en el caso concreto de Tuluá, en el norte del Valle del Cauca, en la madrugada del pasado martes dejó por lo menos 51 reclusos muertos y una cantidad de personas heridas, incluidos miembros de la guardia del Inpec.
Es triste que estas cosas sucedan. Hace un par de años atrás veíamos las imágenes de angustia de los familiares de internos de la Modelo en Bogotá, donde entonces murieron por lo menos 23 personas,

cuando la guardia intentó poner orden a un motín y las cosas se salieron de control, igual que en Tuluá, en donde hasta ahora conocemos las versiones de la guardia y del Inpec, pero ojalá la investigación de la Fiscalía pueda precisar los hechos. Lo sucedido en el municipio vallecaucano muestra una vez más la emergencia sanitaria casi permanente que se vive en las cárceles del país, por sobrecupo, por hacinamiento y en muchos casos por no contarse en estas prisiones con las mínimas condiciones de salubridad y de seguridad.

La indolencia de parte de la sociedad colombiana con las personas que se encuentran recluidas pasa en ocasiones por no prestarle la importancia debida a que estos colombianos privados de la libertad reciban un trato digno. Una sociedad que en lugar de dar oportunidad de corregirse a quienes delinquen los envía a sitios que se convierten en escuelas de crimen está lejos de alcanzar respeto por los mínimos derechos de sus ciudadanos. Y esa indolencia se ve reflejada en la falta de soluciones integrales desde el Estado, el mismo que está obligado a responder por la vida de los internos que están a su cargo, tal como lo ha ratificado la Corte Constitucional en varias sentencias.

La falta de políticas criminal y carcelaria en el país hace que se presenten situaciones como la actual. Una ley penal severa que pretende resolver los males del país haciendo uso de la cárcel, pero con una infraestructura incapaz de responder en consecuencia. A esto se suma la cantidad de personas que sin conocerse una decisión de fondo, sin un juicio, llegan a los penales. Y aunque se ha tratado de mantenerlos en lugares menos severos, al final todos forman parte de la cantidad de personas que se encuentran detrás de las paredes carcelarias.

La tragedia de Tuluá tiene que servir para tomar correctivos. Es necesario que de una vez se asuman las decisiones para optimizar los protocolos de seguridad en las cárceles del país y esto tiene que ver con los sistemas de alarmas y de control de incendios, que se revisen cómo se falla en el control de los motines que se puedan presentar y que se privilegie la vida de los colombianos, cualquiera sea su condición, porque al final de eso se trata: de colombianos que requieren el respeto de sus derechos fundamentales, así tengan en pausa el goce de algunos por cuenta de sus errores.