El Índice de Criminalidad en Colombia muestra que el hurto común es el delito más frecuente (38,6%), seguido de lesiones personales (22,7%), hurto de vehículos (18%) y homicidio (16,1%). Ahora bien, la ocupación de las cárceles corresponde a una estadística en la que los homicidios, los hurtos menores y el tráfico de estupefacientes ocupan los primeros lugares. Lo que ocurre en el país se parece mucho a lo que pasa en Caldas.
Un punto esencial, que debería generar respuestas más contundentes y profundas, tal y como lo señalan expertos de la Universidad Nacional de Colombia, es que en el país nos contentamos con formular un castigo para las distintas conductas punibles, pero no hay acciones de prevención, ni políticas o estrategias encaminadas a frenar su reincidencia. Como se dice popularmente, nos conformamos con apagar incendios, y pese a que sean más grandes y frecuentes esos incendios prestamos poca atención a las causas del problema. Tendríamos que enfocarnos en las raíces para garantizar que los frutos de la sociedad sean buenos en su gran mayoría.
La inexistencia de una política criminal, y que solo se tenga una posición reactiva de las autoridades con respecto a la mediatización del crimen, especialmente en la televisión, complica las cosas. Un vacío en esa política en un país que tanto necesita tener claro un norte en ese sentido nos deja expuestos a enormes baches, que se convierten en círculos viciosos, o mejor en bolas de nieve cada vez más difíciles de contener. Podríamos afirmar que en Colombia estamos haciendo todo lo contrario a lo que se requiere para superar la violencia y el crimen.
Al ver los casos de homicidio, por ejemplo, según los expertos no se tienen estudios, ni estadísticas serias, así como tampoco soluciones distintas al encarcelamiento. Las propuestas no pasan de proponer la construcción de más penitenciarías ante la realidad de hacinamiento y mínimas condiciones de dignidad para los internos, pero en ningún momento se piensa en la diversificación de las sanciones o en programas serios de reeducación o de resocialización que le permitan a la sociedad ir venciendo el cáncer de la criminalidad.
En los hurtos comunes, que corresponden a un porcentaje significativo de personas detenidas en los penales, los castigos deberían estar orientados a la restauración de daño, y a orientar hacia el bien a quienes cometen esos delitos, más que al encierro. La realidad es que la prisión se convierte muchas veces en caldo de cultivo para el escalamiento en las conductas criminales, debido a que las cárceles más que lugares de resocialización son hoy escuelas del delito. Está comprobado que por más que se aumenten las penas de prisión no se logra que los criminales cambien sus conductas. Por eso es que el populismo punitivo nos hace tanto daño como sociedad.

Si queremos, realmente, luchar contra el crimen y lograr que las cárceles cumplan su misión rehabilitadora, habrá que reforzar estrategias educativas, oportunidades de empleo, mejora de las relaciones de las comunidades con la Policía y, en general, tener una sólida política en la que se imponga la lógica y no la insensata reacción de pensar que solo la prisión garantiza la seguridad en las calles. Desde luego que no puede avalarse ningún tipo de justificación al crimen, pero eso no debe impedir analizar las causas y atacar el problema en sus orígenes.