Gran revuelo ha causado la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de anular la elección del profesor Antanas Mockus como senador de la República. El exalcalde de Bogotá es un indiscutible baluarte de las buenas formas de hacer política en Colombia, quien seguramente obrando de buena fe, como lo dijo, cometió el error de inscribir su nombre para aspirar al Legislativo, sin tomar en cuenta que era presidente de Corpovisionarios, entidad sin ánimo de lucro que había contratado con el Estado en tiempos que lo inhabilitaban. Desde el punto de vista legal, todo indica que el alto tribunal tomó una decisión en derecho que le fue desfavorable al líder del partido Alianza Verde, la cual debe ser acatada y respetada, así muchos no la compartan.
El mismo Mockus, de manera clara, se mostró respetuoso del fallo y de la división de poderes que debe existir en una democracia. No obstante, tomando en cuenta que él obtuvo la votación más amplia para Senado (cerca de 540 mil votos), después del líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y que su nombre es representativo de la oposición al gobierno en el Congreso, Mockus anunció que interpondrá un recurso de revisión, para ver si es posible reversar la medida. Dice él que es una forma de defender el derecho que tienen sus electores en el contexto de una democracia. El reclamo podría tener asidero, debido a que hace apenas mes y medio la Sección Primera del mismo alto tribunal lo había absuelto de cualquier responsabilidad por los mismos hechos.
Cualquiera que sea el resultado de esta disputa jurídica, lo clave es que este episodio no tome rumbos que se puedan atribuir a su condición personal, ni a favor ni en contra, sino que todo desenlace tenga sólidas bases jurídicas, que sienten jurisprudencia y así todo político, sin distingo de partido o de posición de liderazgo en Colombia, sea juzgado bajo el mismo rasero, sin privilegios ni persecución. Tal vez sea prudente que ante el choque de conceptos de dos salas del mismo tribunal alrededor de este asunto, sea la plenaria del Consejo de Estado la que defina el futuro de Mockus.
Ya los demandantes que hoy celebran el dictamen de la Sección Quinta anunciaron que su idea es conseguir la muerte política del líder de la Alianza Verde, y que esa colectividad pierda su personería jurídica. Consideran que los verdes pusieron a encabezar a Mockus la lista de Senado, conocedores de su inhabilidad, con el único objetivo de obtener una masiva votación que les ayudara a duplicar su presencia en el Legislativo. Lo que llama la atención es que tales abogados, sin ninguna reserva, agregan que buscan anular los 540 mil votos, bajar el umbral y cambiar la cifra repartidora, y así lograr el ingreso de aspirantes del cuestionado partido Opción Ciudadana, quienes se quemaron en las pasadas elecciones.
Hay una gran artillería legal en este caso, y vendrán con seguridad nuevos capítulos con desenlaces complicados para la política colombiana. Es llamativo que sea su papel en Corpovisionarios el que haya tumbado a Mockus, si recordamos que en igual posición estaba cuando en el 2010 fue candidato a la Presidencia de la República y nadie se manifestó al respecto. De hecho, desde el 2006 quien firmaba los contratos de esa entidad era el director ejecutivo y no Mockus, quien había delegado tal función.
Como sea, lo importante es que la conclusión de este conflicto sea transparente y se aplique la ley por dura que sea. Ahora bien, debemos recordar que ya el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad que entrega o quita personerías jurídicas a los partidos, ya había avalado el 14 de julio del 2018 la inscripción de Mockus para las elecciones a Senado.
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