Nueve veces ha sido suspendido el proceso de elección de contralor de Caldas. Toda clase de recursos jurídicos ha impedido que la Asamblea Departamental escoja al nuevo titular de ese organismo, pese a que desde el pasado enero debió surtirse ese proceso. La esperanza es que en las sesiones ordinarias que comenzarán en junio pueda concretarse ese propósito, pero la reciente tutela admitida por el Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales volvió a poner en duda que se tenga pronto un resultado.
Ante tanta demora en la escogencia del contralor de Caldas, la Procuraduría General de la Nación pidió agilizar el proceso, que a comienzos de este mes parecía haber encontrado el camino de solución, luego del análisis que una comisión especial de la Asamblea hizo de las hojas de vida de los aspirantes, y la conformación de la terna final para ocupar ese cargo.
Un total de 31 tutelas tienen este proceso como corcho en remolino, sin que se tenga claridad acerca de si será posible que en algún momento fluya sin más obstáculos la designación de titular de ese cargo. Por lo pronto hay que esperar el resultado de la tutela presentada por uno de los 25 aspirantes que quedó fuera de la terna para ver si, por fin, jurídicamente, se tiene el camino despejado para hacer la elección.
Este es un asunto que no debería sufrir este tipo de interrupciones, si se tiene en cuenta lo dicho la Procuraduría acerca de la necesidad de designar a tiempo a ese funcionario, para no afectar otros valores constitucionales como el equilibrio de poderes públicos, el cumplimiento efectivo de los deberes de las entidades territoriales, el control de la gestión fiscal y la protección del patrimonio público.
Hoy la terna está conformada por Luis Fernando Márquez Alzate, Rubén Darío Nieto Cuervo y Juan Carlos Pérez Vásquez que obtuvieron los puntajes más altos, luego de la revisión hecha por la Asamblea, que encontró algunas inconsistencias en los resultados entregados por la Universidad de Atlántico, atribuidos a errores humanos.
Todo este proceso dispendioso y desgastante, además de la realidad de ser las contralorías entes que han sido usados tradicionalmente para pagar favores políticos con burocracia, y con poca efectividad a la hora de recuperar recursos para el erario, debería llevar a pensar de nuevo en la posibilidad de que el control fiscal en las regiones se ejerza desde la Contraloría General de la República, con una oficina departamental en la justa proporción de su efectividad. Así nos ahorraríamos tanto desgaste como el que se ha tenido con esta elección.
Esperamos que los candidatos actuales jueguen limpio, que traten de convencer a los diputados con base en su experiencia y sus argumentos, alejados de ofertas impropias, y que si las hay, las denuncien con valor quienes los van a elegir.
