En los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Huila y Cesar se han tenido graves episodios de invasión de terrenos privados, con peligrosos argumentos de supuesta justa exigencia de derechos de ocupación de esas tierras. El concepto de “liberación de la tierra” es claramente equivocado. Todo indica que las expectativas sembradas por el actual gobierno del presidente Gustavo Petro acerca de la reforma agraria integral y de la redistribución de la tierra son usadas como razones para tales ocupaciones.
Si bien son inaceptables y altamente censurables las actuaciones de los invasores, hay que resaltar la reacción del gobierno, en la que advierte a los invasores y a los promotores de esas ocupaciones de una fuerte reacción estatal a esos abusos, con la posible intervención de la Policía en el momento en que sea necesario. Era esa la respuesta adecuada a esa actitud claramente equivocada que, de ninguna manera, puede permitirse que tome ventaja. La aspiración a la equidad no puede concretarse por vías violentas.
Esos actos reprochables no solo afectan los programas que se preparan desde el Ejecutivo para entregar tierras a los que no la tienen, sino que transgreden mínimos principios de derecho a la propiedad. Las comunidades indígenas involucradas deben comprender que sus derechos solo pueden concretarse en la medida en que respeten los derechos de los demás, y que lo único que logran al actuar de manera arbitraria es recibir el rechazo rechazo general, más cuando ellos cuentan con reconocimientos especiales que suenan odiosos para otras comunidades.
Ya el Gobierno Nacional radicó un acto legislativo para crear la jurisdicción agraria y rural, lo cual va en el camino de lo acordado en el proceso de paz con las Farc, y puede calificarse como el camino aplazado que es pertinente caminar para dejar atrás el conflicto armado colombiano que completa ya varias décadas, pero todo eso debe hacerse a través de mecanismos legales, no por vías violentas. Lo único que hacen esas actuaciones es deslegitimar los reclamos justos y teñirlos de ilegalidad.
Lo que deben hacer esas personas es retirarse de los terrenos invadidos y manifestar sus reclamos por las vías legales establecidas. Evidentemente hay mecanismos idóneos para lograr los objetivos propuestos, y una buena alternativa es que las propiedades que se encuentran en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se destinen a los colombianos más vulnerables, pero ese es un proceso que debe ser ordenado y producto de análisis muy coherentes y detallados que cumplan con los propósitos planteados, y de manera pacífica.

Los dueños de los predios también deben actuar con mesura, y trabajar de la mano de las autoridades oficiales en la búsqueda de soluciones a esta difícil coyuntura. Desde todos los sectores involucrados debe entenderse que las vías legales y pacificas son las óptimas para encontrar las soluciones adecuadas y para lograr una buena convivencia de los colombianos hacia el futuro. Las vías de hecho no son tolerables en ningún sentido, lo pertinente es el diálogo y el hallazgo de salidas que no sean producto de la violencia, y eso es algo que el Estado debe garantizar para todos.