Gran cantidad de las ejecuciones extrajudiciales, llamadas también “falsos positivos”, en el Eje Cafetero están al borde de quedar en la oscuridad, de acuerdo con abogados que representan a las víctimas, quienes en lugar de acercarse a la verdad caminan hacia nuevos abismos. Casos como el de Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera, asesinado por miembros del Ejército el 7 de febrero del 2008 en la vereda La Java, de Manizales, ilustra el camino siniestro por el que atraviesan esas investigaciones, que pese a múltiples esfuerzos se pierden más en la bruma de los retrocesos, la negación de información a las víctimas y nuevas intimidaciones.
Al lado de Mosquera fue asesinado Álex Hernando Ramírez, mientras que Manuel Rojas sobrevivió al ataque y su testimonio fue fundamental para condenar en el 2012 a siete militares del batallón 57 Mártires de Puerres. La operación criminal fue dirigida por el mayor Josué Yobanni Linares, quien recibió la orden del coronel (r) Róbinson González del Río, hoy libre. Las circunstancias de los hechos fueron similares en El Chuzo (Manizales) y El Lembo (Pereira), aún sin resolverse por la justicia. Su situación en materia de verdad, que es lo que más les interesa a las víctimas, es aún peor.
Los tres casos anotados están en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aparentemente sin posibilidades de avanzar, al punto que la madre de Mosquera no ha sido reconocida como víctima en ese tribunal, mientras huye debido a toda clase de amenazas que recibe de desconocidos. Así se lee en el documento Una práctica sistemática, ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero (2006-2008), presentado el 25 de noviembre en un evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Caldas. Oficialmente son 3.925 casos de “falsos positivos” en el país, perpetrados por unas 250 unidades militares, de los que la JEP solo tiene priorizado el 4%, excluyendo lo ocurrido en el Eje Cafetero.
Ya es más de una década de esos crímenes de Estado en esta región y los avances son casi nulos, mientras la deuda de verdad con los dolientes de los asesinados sigue ahí, con el riesgo de quedar en nada. En este punto hay que tomar en cuenta que de los 700 militares que se acogieron a la JEP para contar sus prácticas abominables, 50 estuvieron en Caldas. 400 del total ya están libres por contribuir a esclarecer los hechos, pero lo paradójico es que las víctimas siguen sin conocer lo revelado.
Debemos recordar que al comienzo la primera reacción oficial fue negar los crímenes, y solo la fuerza de las pruebas y la valentía de las familias de las víctimas lograron tejer evidencias irrebatibles. Ahora que los abogados tratan de ir más allá, para entender el origen de los crímenes, la negación aparece otra vez, y ahora que el proceso pasó de la Fiscalía a la JEP surgen nuevos tropiezos que no dejan avanzar hacia la verdad. Así lo consideran las víctimas a propósito de la audiencia en la que se escuchó al general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército. De hecho, se calcula que el 95% de los “falsos positivos” está sin esclarecer.
