El caso de Las Marionetas llevó a que en Caldas se viva hoy una innegable crisis institucional. Tener al senador liberal Mario Castaño preso y sin poderse posesionar, ante el proceso por corrupción que se realiza en la Corte Suprema de Justicia, y que ahora tres alcaldes caldenses hayan tenido que renunciar a sus cargos, al terminar comprometidos con esta red de defraudación del erario, nos ubica en un momento del que no se registran antecedentes con los que pueda compararse.

Es lamentable que la corrupción nos tenga en la actual situación, en la que los municipios de Aguadas, La Merced y Villamaría estén con alcaldes encargados temporalmente, mientras que los partidos que avalaron a los titulares, en los cuales el Partido Liberal es el punto común, entregan ternas al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, para que él señale a quienes terminarán el periodo hasta el 31 de diciembre del 2023.

Lo que se ha conocido acerca de lo que hicieron Jhónatan Manuel Vásquez, de La Merced; Andrés Felipe Aristizábal, de Villamaría, y Diego Fernando González, de Aguadas, en el interior de la red liderada por el senador Castaño, según las pruebas reunidas por la Fiscalía General de la Nación, es vergonzoso, y tiene que llevarnos a todos los ciudadanos a reflexionar acerca de los respaldos que entregamos en el momento de la elección de quienes ocuparán los cargos públicos.

Es claro que las renuncias casi simultáneas de los tres gobernantes el pasado jueves al mediodía correspondieron a una estrategia de la defensa para poder aceptar los graves cargos de los que se les acusa y buscar beneficios en la pena. De hecho, dos de ellos, Vásquez y Aristizábal lograron acordar con la Fiscalía que les dieran detención domiciliaria. A González, por haber evadido inicialmente la aceptación de cargos,  ahora tendrá que pagar su condena en una penitenciaría en Bogotá, como el congresista Castaño.

Es muy triste volver a ver al Partido Liberal caldense envuelto en problemas legales tan complicados. Hace cerca de 15 años ocurrió un momento parecido para esa colectividad, cuando el director del partido Ferney Tapasco y su hijo, Dixon (quien era representante a la Cámara), así como los otros parlamentarios de ese mismo movimiento Enrique Emilio Ángel Barco, Jairo Llano y Juan Pablo Sánchez, terminaron condenados por parapolítica. Sin embargo, nunca antes tres municipios habían perdido a sus alcaldes, de manera simultánea, como esta vez.

La Fiscalía calcula que la defraudación del erario llegó a una cifra que oscila entre los $50 mil millones y los $112 mil millones, en todo el proceso de Las Marionetas. 
En los casos específicos que involucran a los tres alcaldes caldenses los contratos comprometidos corresponden a cerca de $20 mil millones. De todos modos las investigaciones continúan y la Corte Suprema hace lo propio con respecto al senador Castaño, y seguramente más adelante podrá establecerse de manera más precisa la dimensión del daño a los recursos del Estado.