A cumplir con transparencia

Buen gesto hacen el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, y los miembros de su gabinete en subir a la página web de la Gobernación, a los ojos de todos los ciudadanos, las declaraciones de renta, el inventario de bienes que les pertenecen y el registro de conflicto de intereses, cumpliendo así con lo ordenado por la Ley 2013 (de Transparencia) del 2019, la cual obliga a 32 mil 958 funcionarios del Estado a reportar estos datos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y a publicarlos. Caldas se convierte así en la primera región del país donde esa orden legal tiene respuesta, aunque ya cerca de 10 mil funcionarios han cumplido con esa obligación en todo el país. Quienes hayan sido elegidos popularmente también deben publicar los aportes recibidos en campaña.
De acuerdo con la norma, el propósito es fortalecer la transparencia en la administración pública, y es requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo, lo cual se convierte en una buena herramienta para la lucha contra la corrupción, ya que al final del gobierno ningún funcionario podrá haber incrementado su patrimonio más allá de lo previsto de acuerdo con sus ingresos y su realidad económica. En el caso de Caldas, la Oficina de Gobierno Abierto debe garantizar que esa información siempre esté disponible para la consulta de los ciudadanos. Es acertado que se dispongan a socializarla con los caldenses, para que los veedores y demás representantes de las comunidades estén atentos a denunciar posibles inconsistencias.
En el caso de los funcionarios actuales que ya publicaron sus datos, de acuerdo con la información que se observa en la página, no existen conflictos de intereses, los cuales se relacionan con familiares en primer grado de consanguinidad que estén en el ámbito de acción de la Gobernación de Caldas. Es la primera vez que esto puede conocerse, y resulta bastante útil para recuperar la confianza y garantizar que los servidores públicos realmente se enfoquen en administrar con pulcritud el erario y los bienes que nos pertenecen a todos.
El paso dado por la Gobernación de Caldas debe ser seguido por los funcionarios de los demás entes del Estado que están obligados a publicar esta información. Los alcaldes y sus gabinetes, los congresistas, diputados, concejales y ediles tienen el deber de ir en la misma dirección y publicar lo más pronto posible sus declaraciones, siguiendo los protocolos y características que exige la ley, que entró en vigencia el pasado 30 de diciembre. Hay que anotar que para los más altos funcionarios, como el presidente y sus ministros también rige la norma, y que incluso notarios, curadores y directivos de las cámaras de comercio, por ser privados que ejercen una función pública, también están obligados a divulgar su realidad económica y sus posibles conflictos de interés. 

En el caso de los congresistas, alrededor de los cuales existen tantas especulaciones acerca de la llamada "mermelada" y demás atajos para lograr beneficios, es urgente que no se le tuerza el cuello a la Ley de Transparencia. Hasta el pasado jueves, de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, solo 15 de 108 senadores y 52 de 172 representantes a la Cámara habían hecho la tarea. Los magistrados de las altas cortes, el fiscal General, el procurador y el contralor, entre otros altos dignatarios también deben hacerlo. La transparencia y el control social es algo que no se puede dejar para última hora y menos aún que pueda ser burlado.