Cumplirle a la verdad

El acuerdo de paz con las Farc fue, sin duda, un paso fundamental en la búsqueda de superar el conflicto armado y lograr un mejor futuro para Colombia. Pese a las críticas acerca de lo pactado, es necio decir que era preferible tenerlos en el monte echando bala que actuando desde la política. Nunca para una sociedad mínimamente civilizada será mejor la guerra que la paz; solo los violentos por naturaleza pensarán de manera radicalmente opuesta.
Un asunto esencial de lo acordado es que los actores del conflicto armado aporten verdad, reparación y no repetición para poder tener a cambio una justicia transicional, que no implique ir a las cárceles. Así las cosas, el país espera que los desmovilizados de las Farc le cuenten a la Justicia Especial para la Paz (JEP) todo lo que saben acerca de las actuaciones criminales de los miembros de la exguerrilla, comenzando por los actos propios, sin omitir nada, actuando con total franqueza.
Si bien al gobierno del presidente Iván Duque le hemos reclamado que actúe sin espejo retrovisor y con mayor celeridad en la implementación de lo pactado, debemos aceptar hoy que es legítimo su reclamo a los exjefes de esa agrupación armada al margen de la ley para que digan todo lo que saben alrededor del reclutamiento de menores de edad, la suerte de los secuestrados (muchos de los cuales murieron en cautiverio) y sus nexos con el narcotráfico.
Hay evidencias que señalan claramente que 16.879 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016, por todos los grupos armados ilegales, incluidas las Farc, que serían responsables de unos 9 mil casos. Que los actuales jefes del partido Farc nieguen esos hechos es inadmisible, igual que asegurar que no conocieron actividades ligadas al narcotráfico que, sin lugar a dudas, ayudaron a financiar sus actos criminales. Los secuestros tampoco fueron una ficción, y por tanto los exjefes guerrilleros deben contar lo que pasó con ellos.
No es aceptable que estas personas insistan en asegurar que no saben nada, cuando es evidente que todos estos crímenes se cometieron y que los altos mandos de la exguerrilla tienen responsabilidades en esos casos. De lo contrario le estarían dando la espalda a la mano generosa que les permitió apartarse de la guerra y hallar nuevas oportunidades alejadas de la violencia. No puede ignorarse que el mismo acuerdo establece que su incumplimiento podría llevar a que sus delitos sean juzgados por la justicia ordinaria, lo cual les desfavorece.

Es verdad que el Estado colombiano ha sido incapaz de proteger de manera adecuada a los exguerrilleros, quienes han tenido que buscar refugio en otras zonas del país ante la seguidilla de asesinatos en su contra impulsada por fuerzas oscuras, como en el caso de Ituango (Antioquia), pero eso no justifica que se incumpla con lo acordado alrededor del aporte de verdad. Si ellos cumplen encontrarán, seguramente, la solidaridad con su necesaria protección. Esperamos que su actitud cambie, por el futuro de una Colombia en paz.