Vecinos del barrio La Enea, de Manizales, denunciaron en este diario que sufren de permanentes presiones y agresiones de los llamados gota a gota, quienes son generalmente personas violentas que prestan dinero a tasas de usura a personas que requieren recursos con urgencia. Cuando hay retraso en el pago diario de los montos exigidos por los prestamistas, vienen las amenazas y extorsiones y hasta la agresión física. Si se deja de pagar un día la cuenta empieza de cero, afirman los denunciantes, lo cual se convierte en algo insostenible.
Si bien la denuncia publicada se refiere a personas de ese sector específico de la capital caldense que padecen las agresiones de los gota a gota, cada vez es más claro que en toda la ciudad hay casos similares en los que, en muchos casos interviene la Policía, al ser llamada por las víctimas, pero la realidad es que los gota a gota prácticamente se reciclan y es así como si uno es detenido al día siguiente aparece otro que se dedica a cobrar haciendo uso de los mismos métodos violentos, que también incluye quitarles mercancías a los comerciantes o hasta intentos de destrucción de los negocios.
La época de la pandemia de covid-19, que desde un comienzo golpeó duramente a los comerciantes, llevó a que muchos trataran de sobrevivir buscando este tipo de créditos, los cuales se convirtieron luego en una verdadera pesadilla. Quienes hacen uso de estos recursos son, generalmente, personas sin historial crediticio en los bancos o que, infortunadamente, en el pasado fueron reportados a las centrales de riesgo, por lo que tienen cerradas las puertas al crédito legal. Eso las convierte en presa fácil del abuso de los gota a gota, que en realidad, según alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en buena medida haría parte de una organización internacional de lavado de dineros ilícitos.
Así que no es solo un servicio a intereses de usura lo que representan los gota a gota, sino que corresponde en realidad a una peligrosa estructura con vínculos en toda clase de peligrosos círculos criminales, una mafia de alto calado que involucraría incluso a funcionarios públicos y políticos, lo que causa más temor a quienes sufren los atropellos y no los denuncian. 
Para poder actuar en contra de estas bandas resulta fundamental la denuncia ciudadana, pero sobre todo evitar el uso de esos dineros, y buscar mejor otras fuentes de financiación. En este sentido, resulta fundamental que desde instancias oficiales y de la banca comercial se brinden alternativas viables a las personas que necesitan bajos montos de recursos para darle estabilidad a sus negocios. Otras opciones que pueden buscar es la de cooperativas y otras organizaciones que brindan apoyo a comerciantes por medio de microcréditos, pero nunca caer en las garras de los gota a gota.

El artículo 305 del Código Penal señala claramente la usura como un delito que puede representar para quien lo comete una pena de prisión de 32 a 90 meses, por lo que es importante que se denuncien estos hechos y que el sistema judicial funcione para castigar a los responsables.