Lo primero es que es legítimo y respaldado por el orden constitucional en una democracia que los ciudadanos cuestionen a los gobiernos, especialmente cuando en sus decisiones se comprometan recursos públicos que, evidentemente, les pertenecen a todos. La fiscalización y veeduría a la contratación pública son derechos e incluso deberes ciudadanos que, entre más fuertes y consolidados, garantizan que el erario apunte hacia el beneficio general.
La transparencia y la rendición de cuentas también son prioridades en las democracias modernas, y es válido que los funcionarios que actúen en contravía de esos principios sean examinados en todas sus actuaciones, sin que ellos puedan rehusarse al escrutinio o que intenten bloquear el acceso a la información bajo argumentos falaces alrededor de supuestamente evitar juicios de valor de instancias de la sociedad civil que están en todo su derecho de exigir el manejo impecable de los recursos públicos.
Así que, frente a las dudas que ha despertado la adjudicación del contrato para la construcción de la Línea 3 del cable aéreo, solo les queda a los encargados de su ejecución demostrar con hechos que las decisiones tomadas son realmente las mejores para la ejecución de ese proyecto, pero además que el sorpresivo modelo de entrega del contrato al único oferente que se presentó a la licitación no va en contravía de la transparencia que se exige en un caso como este.
De hecho, así no sea ilegal, sí es inusitado que un proceso que comenzó en una cifra de $140 mil millones para el total de la obra termine adjudicada por cerca de $105 mil millones para solo una parte del total de los trabajos. ¿Si esa era la intención inicial era dividir el contrato para que la obra civil se ejecutara aparte, por qué no se sacaron dos licitaciones específicas? ¿Es pertinente pensar que con una propuesta concentrada en la maquinaria con un presupuesto cercano a los $105 mil millones, otras empresas especializadas en cables habrían visto viable participar en el proceso? Es lógico pensar que sí.
Además, ¿el Municipio de Manizales solo está en capacidad de ejecutar los $35 mil millones para los terrenos y las obras civiles? También parece lógico que tendrá que conseguir contratistas para esa tarea. ¿Estaba planeado que esas obras se contratarían después por esa suma? Volvemos al mismo interrogante: ¿Por qué se divulgó la idea de que se buscaba un solo contratista para que construyera toda la Línea 3 por $140 mil millones? No queremos decir que haya alguna ilegalidad en ello, o que alguien se esté beneficiando irregularmente con los recursos públicos, pero es legítimo tener dudas, más cuando estamos hablando del erario, que es sagrado.

El alcalde, Carlos Mario Marín, así como los directivos de Infimanizales y hasta la gerencia (provisional) de Ideas Más les deben explicaciones claras a los manizaleños. Contrario a exigir que nadie opine o haga preguntas, tienen que abrir el proceso al escrutinio del público, porque aquí no estamos hablando de recursos privados, ni de empresas privadas, sino de procesos que deben ser totalmente transparentes y públicos, en los que no haya la menor posibilidad de duda.