El gobierno del presidente Joe Biden, de los Estados Unidos, ha entendido que neutralizar a Venezuela y apoyar a Colombia es un buen camino para evitar que Rusia ingrese a América Latina y ponga en riesgo la seguridad del país norteamericano. Parece haber entendido, además, que el apoyo no puede ser meramente militar, sino que debe apuntar a una cooperación más integral, que comprenda asuntos de mayor profundidad que es necesario que nuestro país pueda afrontar en mejores condiciones.
De manera concreta, esta semana el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Apropiaciones para el año Fiscal 2022, que significó una asignación de 471,3 millones de dólares a Colombia, los cuales deberán ser invertidos en desarrollo social, desarrollo rural, desarrollo alternativo, fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la criminalidad. En buena medida ese dinero está dirigido a financiar programas dirigidos a las poblaciones afrodescendientes e indígenas del país.
Es muy importante que estos recursos, que corresponden a la cifra más alta de cooperación estadounidense en Colombia en una década, sean aprovechados para obtener mejores resultados para el bienestar de sus ciudadanos, y que el éxito de esas ejecuciones ayude a profundizar la cooperación y a recibir más recursos que permitan financiar los programas de transformación del país que se necesitan.
Una excelente noticia es que se logró un aumento de 10 millones de dólares con respecto a lo asignado durante el 2021, lo que evidencia que el uso de los medios diplomáticos puede dar inmensos réditos al país. Esto evidencia, sin duda, que Colombia es el principal socio de los Estados Unidos en la región, y que esa cercanía debe ayudar a que los graves problemas que tiene el país en diversas materias puedan resolverse de manera positiva.
Un punto interesante es que parte de los recursos podrán orientarse al apoyo de programas de la Policía Nacional, para reforzar la seguridad en el país, aunque mantiene bloqueada la posibilidad de que se brinde asistencia al Esmad, de actuación brutal en contra de jóvenes en protesta el año pasado, lo que fue criticado por violar compromisos de protección de los derechos humanos. 
En el asunto específico de lucha contra las mafias del narcotráfico, se mantiene la misma política de persecución a los líderes de esas organizaciones ilegales, más que a buscar medios eficientes de erradicación de la coca. En esto se tiene la esperanza de que se retomen las políticas de sustitución de cultivos, con las respectivas cadenas de comercialización y aplicación de estrategias de estabilidad en los precios de los productos agrícolas, de tal manera que los campesinos no vuelvan a ser tentados por los narcotraficantes.

Ya está claro que Estados Unidos fue el principal inversor en Colombia durante el año pasado, 1,709 millones de dólares, lo cual significa un aumento considerable que debe mantenerse en crecimiento constante. Según AmCham, se movieron significativos capitales en salud, minería, manufactura; sistema financiero; servicios profesionales y técnicos, comercio al por mayor; sistema de información, productos eléctricos y computadores, y equipos eléctricos. Hay que seguir en la tónica de las buenas relaciones con los Estados Unidos, y así poder mantener su respaldo en toda clase de iniciativas.