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Bajo ninguna circunstancia es conveniente que en un Estado de Derecho se legisle o se dicte jurisprudencia con leyes o fallos sastre, como sería el proyecto de ley que presentará el partido Centro Democrático para que se cree la doble instancia retroactiva para aforados. La iniciativa busca ser un salvavidas al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, recientemente extraditado desde Estados Unidos para que cumpla una condena de 17 años de prisión, dictaminada por la Corte Suprema de Justicia, por delitos que habría cometido en desarrollo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), promovido en el segundo gobierno de Álvaro Uribe.
Hay que partir de que la segunda instancia para aforados ya está aprobada en Colombia desde el 2017, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así, el país ya cumple con los estándares internacionales de garantías de justicia, al haber superado los procesos de única instancia. Cuando fue juzgado Arias en el 2014 las normas no contenían dicha garantía, lo que a la luz de las normas actuales es considerado injusto por los impulsores del proyecto de retroactividad. Es probable que tengan algo de razón en ello, pero lo del exministro es cosa juzgada. Además, cuando se le dictó sentencia había huido del país; otra cosa es que le hubiera puesto la cara a la justicia.
Sin embargo, lo más grave de que este proyecto se convierta en ley no es que favorezca a Arias, por tener afinidades políticas con el gobierno, o porque se echen a pique las graves acusaciones que en su momento hicieron Viviane Morales, como Fiscal General, y Alejandro Ordóñez, como Procurador, quienes son hoy son embajadores del gobierno de Iván Duque. Lo realmente grave es la tronera que esta ley a la medida de Arias abriría para favorecer a toda clase de personajes ligados a procesos corruptos desde 1991.
Entre quienes se beneficiarían están cerca de 200 condenados por parapolítica. Incluso el Estado podría verse comprometido por demandas de quienes ya cumplieron la pena y, al no poder gozar de la segunda instancia retroactiva, se crean con derecho a indemnizaciones que terminaríamos pagando todos. Por ejemplo, varios condenados en el Proceso 8.000 estarían en esta lista. Es un riesgo demasiado grande, si se tiene en cuenta que una segunda instancia para Arias no significa su absolución. De hecho, en cerca del 80% de los casos de segunda instancia los fallos se confirman.
Quienes defienden el proyecto dicen que es injusto que Arias haya sido condenado, mientras quienes se beneficiaron de manera irregular con los cuantiosos recursos de AIS, no han recibido castigo. En eso tienen razón, pero la solución a esta inequidad no es la impunidad para el exministro, sino logrando que quienes se lucraron del erario no solo tengan que devolver los recursos, sino que reciban un castigo a la medida de sus delitos. Si algún proceso debe ser reabierto es el que absolvió a los responsables de este ilícito desde afuera del Gobierno, para revisar de nuevo sus conductas y castigarlos como se debe.

Como están las cosas, el proyecto será radicado y respaldado por el Gobierno, como ya lo anunció, pero su trámite no será fácil en el Congreso. Lastimosamente, mientras que los grandes problemas del país, los que afectan a los ciudadanos de manera directa, siguen sin resolverse, seguimos enfrascados en discusiones como las objeciones a la JEP, el caso Santrich y ahora el salvavidas para Arias. Ya es hora de que Colombia se ocupe de lo que es realmente importante para su futuro.