Como una manera de confirmar las denuncias realizadas por LA PATRIA en julio del año pasado acerca de los obstáculos encontrados en la concreción del proyecto de 15 centrales de sacrificio animal, la Contraloría General de la República anunció la semana pasada la apertura de un proceso con siete hallazgos administravivos por $12 mil 430 millones en las iniciativas de este tipo que se ejecutan en Caldas. La visita de los funcionarios de la Contraloría se hizo en agosto del 2021.
De acuerdo con el ente de control, hay una posible afectación material por ineficiencia e ineficacia en el manejo de los recursos para los mataderos, con varias debilidades en la contratación. A esto se suman debilidades sanitarias que habría en los municipios de Chinchiná, Norcasia, Aguadas, Salamina, Pensilvania, La Merced, Filadelfia, Palestina y Aranzazu, que aún no se han abierto y corren el riesgo de no abrir, debido a que el Invima aún no les ha dado el visto bueno. 
En Manzanares, abierta el año pasado, se tendrían problemas con los requisitos sanitarios y habría que evaluar si es pertinente que siga funcionando. También están abiertas desde el año pasado, sin observaciones negativas, las centrales de Anserma, Pácora, Samaná, Marquetalia y Supía. 
Hay que recordar que en el 2018 la Asamblea de Caldas aprobó que la Gobernación asumiera un crédito por $12.500 millones para modernizar y hacer mantenimiento de 15 plantas de beneficio en el departamento. Luego Corpocaldas aportó $1.100 millones y la Secretaría de Agricultura $1.950 millones más para completar $15.550 millones. Un argumento para defender este proyecto fue la necesidad de acabar con la clandestinidad.
El lunar de lo que ocurre en los demás municipios las absorbe, al ser parte del mismo proyecto, en el que se invierten cuatiosos recursos en medio de diversas observaciones y compromisos de solucionar lunares que todavía siguen sin resolver. La salida de este enredo se lograría con más recursos económicos aportados por los municipios, Corpocaldas y el Gobierno Departamental, pero la dificultad es que los presupuestos no dan para afrontar adecuadamente este desafío.
De hecho, de acuerdo con el Decreto 1500, hasta noviembre pasado estos lugares podían funcionar si cumplían con un mínimo del 60% de las exigencias, pero ahora hay que lograr el 75% de las condiciones para obtener el aval, lo que hace más complejo el panorama para las que no han abierto. Si a esto se agregan los hallazgos de la Contraloría, el panorama es bastante gris.

Es cierto que, como en una larga serie de proyectos, no solo en Caldas, la pandemia afectó gravemente las ejecuciones y los retrasos son entendibles en cierta medida, pero desde el año pasado se viene trabajando, supuestamente, en enderezar el rumbo, pero en lugar de soluciones surgen nuevas dificultades. Es necesario que se reaccione de manera ágil y efectiva y se tengan pronto funcionando estas centrales sin más obstáculos y con las cuentas claras.