La Función Pública es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que regula la forma en la que el Estado debe funcionar. Hace unas dos semanas expidió una directriz para fortalecer la implementación del lenguaje claro, en cumplimiento de las leyes de Transparencia (1712 de 2014), del Derecho de Acceso a la Información Pública (1750 de 2015) y Antitrámites (2052 de 2020). Se trata de esas decisiones que pasan sin mayor aspaviento, pero que resultan definitivas en las relaciones de los ciudadanos con el aparato estatal.
La Constitución de 1991 ha sido clara, y así lo entendió la Corte Constitucional, que en Colombia se debía dar prioridad a lo sustantivo por encima de lo adjetivo, pero el atavismo a las formalidades -santanderismo les dicen algunos-, se niega a desaparecer. El periodista español Miguel Ángel Bastenier llamaba a esa herencia de un lenguaje enredado y farragoso, el chip colonial, porque de España vino, pero allá se superó y aquí lo mantuvimos. Es un gran atavismo que dificulta las relaciones de los ciudadanos con el Estado y hay quienes siguen pensando que hablar confuso es muestra de conocimiento. Mejor repetir las palabras del manizaleño Mauricio García Villegas en su libro Virtudes cercanas: “El exceso de rigor en el lenguaje es una pedantería, pero el déficit de rigor es una ordinariez”. El escribir confuso también ha hecho carrera en ciertos sectores académicos y profesionales, se engolosinan algunas personas con usos archisilábicos, con una jerga técnica o administrativista o incluso con una manera de usar los adjetivos como sustantivos, haciendo creer con ello que están ganando en sofisticación. No entienden que de esta manera se alejan las posibilidades de lograr un mayor alcance entre los gobernados con las ideas que se pregonan. Ser claro es la oportunidad para aumentar la audiencia, para dar mayores oportunidades a otros de participar en la conversación. Es la idea de un Estado más cercano a la gente.
Hubo una época en que las leyes se redactaban con diccionario en mano, para cada término correspondiera a su definición. Sin embargo, hoy se dictan leyes, ordenanzas, acuerdos, decretos y hasta jurisprudencias que cuestan ser entendidas, aunque se indique que van dirigidas a la mayoría. Los malos resultados que tiene el país en comprensión lectora se ven reflejados en este tipo de malas redacciones, confusas y hasta cantinflescas en algunos casos. Es importante que se le preste atención al asunto. El periodismo tiene mucho que enseñar en este campo.

Esta directriz de la Función Pública no se queda solo en buena intención, recuerda que programas creados dentro del Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Caro y Cuervo forman en el uso de un lenguaje claro. Ojalá se pueda cumplir con la idea que se tiene para que dejemos de lado esa tendencia a lo farragoso, que ya es característico de un Estado lleno de normas, como para sumarle las redacciones imposibles de comprender. Qué bueno que esta idea se extienda a otros campos a otros territorios de divulgación.