La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín condenó a Elda Neyis Mosquera, alias Karina, y a otros ochos miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la pena de ocho años, la máxima que puede otorgar esa jurisdicción para quienes se acogieron voluntariamente a ese proceso, que se inició en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en principio dirigido a quienes estaban en la otra orilla ideológica y militar, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que depusieron sus armas en ese entonces. Hay que recordar que ella se entregó a las autoridades y por eso se acogió a este beneficio, anterior al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, creado tras los acuerdos con las Farc.
Son escabrosos los hechos del horror sembrados en varias regiones del país por la hoy reinsertada a la sociedad civil. Son tantos, que el expediente suma casi seis mil páginas y, aun así, hay víctimas que alegan que en este no se tuvieron en cuenta sus historias y por eso están acudiendo a una instancia superior, al activar la apelación, con el fin de que sean incluidos y con esto pretenden algún tipo de reparación, la misma que buscan otros sí mencionados, pero que no han visto ninguna compensación por su sufrimiento.
El alias de esta mujer está atado a los peores recuerdos de muchos caldenses, principalmente en el norte y en el oriente del departamento, en donde dejó un rastro de víctimas a su paso, asunto que nos hacen insistir en la necesidad de que municipios como Samaná, Pensilvania y Riosucio deban ser revisados para incluirlos como priorizados para la inversión social derivada de los acuerdos de paz. El daño causado allí por el conflicto lo evidencia el número de víctimas que quedó a su paso.
Es un hecho que las formas en que se ocupaba el territorio antes de la llegada de las Farc y la relación de los campesinos con él se transformó. El éxodo a Manizales y otras ciudades, desde los campos y las cabeceras corregimentales y municipales, causó graves consecuencias para los territorios. Por eso no fue solo perder la tierra o las propiedades, sino que se causó un daño profundo a las relaciones interculturales y sociales en las comunidades.
También es cierto que esta mujer ha sido franca en reconocer que causó ese horror, en pedir perdón por el daño, en comprometerse a no repetir lo hecho, como tiene que ser. Y las víctimas tiene derecho a perdonarla o no. Es importante mencionar que su vida estuvo en peligro cuando se entregó, pues la propias Farc querían su cabeza, cosa que seguramente cambió con el proceso que emprendió el Secretariado con el Gobierno Santos y que concluyó con la firma de los acuerdos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

El reclutamiento obligatorio de menores, los miles de muertos dejados, los cientos de secuestrados, la coacción a campesinos para que sembraran coca, la destrucción de poblaciones como Arboleda, Florencia (Samaná), Montebonito, San Lorenzo (Riosucio) y el desplazamiento son apenas una muestra de las cicatrices del conflicto en Caldas. La condena a Elda Neyis Mosquera García resulta simbólica ante tanto daño y dolor causados, pero al menos se va reconstruyendo la verdad sobre lo ocurrido. Ojalá se llegue a la reparación y que, como invitó la Comisión de la Verdad, creemos una pedagogía de la no violencia para que las futuras generaciones sí puedan conocer la paz.