El pasado 24 de noviembre se cumplieron cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, luego de que se le hicieron los ajustes que pidieron los promotores del No tras el plebiscito del 2 de octubre del 2016. El entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de la guerrilla desmovilizada Rodrigo Londoño (Timochenko) firmaron el documento en el Teatro Colón, con el que se comprometieron a la implementación de los distintos puntos.
Hay diversas visiones acerca de los avances logrados en la implementación de lo acordado. Algunos piensan que va muy bien, porque el partido Farc ya tiene presencia con 10 curules en el Congreso de la República y por el acompañamiento que el Gobierno nacional hace a los excombatientes en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Sin embargo, otros están convencidos de que incluso hay retroceso, y recuerdan el capítulo de las fallidas objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP) impulsadas desde el Gobierno, y señalan los asesinatos de cerca de 250 desmovilizados por autores desconocidos, además del regreso de las masacres, los homicidios de líderes sociales y los nuevos desplazamientos en Ituango (Antioquia).
Lo cierto es que hoy varios excombatientes trabajan levantando minas antipersonal y ayudan a buscar desaparecidos, la JEP ya está en marcha aunque todavía sin emitir condenas, el Estatuto de la Oposición ya funciona y en los PDET cerca de 12 mil personas trabajan en proyectos de vida positivos, muy distinto a lo que pasaba antes del acuerdo. La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas también avanzan, y según el Centro de Investigación y Estudios Sobre Conflictos Armados, Violencia Armada y Desarrollo (Cerac) en 343 municipios que padecieron el conflicto armado la violencia desapareció.
Todo esto contrasta, sin embargo, con el nulo avance en la reforma rural planteada y el congelamiento de las 16 curules para las víctimas. Cerac también afirma que 103 municipios que no habían sido afectados por el conflicto empezaron a sufrir la violencia. El Gobierno de Santos se contentó con la firma del acuerdo y fue lento en copar los espacios territoriales dejados por las Farc, y la administración del presidente Iván Duque, contrario a lo pensado, desarrolla una tarea deficiente en seguridad, en la que la corrupción en las Fuerzas Militares parece estar pesando demasiado.
Sin duda, la implementación podría ir más rápido, pero al comienzo del actual Gobierno se le pusieron demasiadas trabas desde el Ejecutivo, y personajes como Iván Márquez, Romaña, el Paisa y Jesús Santrich se encargaron de profundizar la incertidumbre. No obstante, la persistencia de la gran mayoría de los excombatientes en mantener su voluntad de paz sirvió para que la inercia de lo alcanzado se impusiera y el proceso sea hoy irreversible.
Hoy es fundamental que la JEP empiece a arrojar resultados que fortalezcan su credibilidad. Se requiere que los jefes de la exguerrilla entreguen los bienes suficientes para reparar a las víctimas, y también se necesita un mayor trabajo desde el Estado para avanzar más rápido en sus compromisos, que en buena medida están rezagados.
