Acogerse al Artículo 187 de la Constitución Nacional, que autoriza el alza anual del salario de los congresistas para incrementarlo en 1,67 millones al mes, es legal pero a todas luces inapropiado en momentos como el que estamos viviendo. Hace rato que esa norma debió cambiarse de manera profunda, pero en las diversas ocasiones en que se ha intentado los propios congresistas han demostrado que son incapaces de autorreformarse y caminar hacia la sensatez en dicha materia.
 En la misma consulta anticorrupción, que logró una votación histórica en agosto del 2018, se fijaba un límite máximo al salario de los congresistas, que lo ubicaba en cerca de la mitad del actual, y aunque el gobierno del presidente Iván Duque se comprometió a implementar lo establecido en los siete puntos de la consulta, ante la contundencia popular en las urnas, ese punto como otros fundamentales para luchar contra los corruptos simplemente han naufragado en medio de las evasivas y la ausencia de compromiso.
 Si bien es legal el incremento del 5.12% para los congresistas, lo cual ubica su salario en $34 millones 417 mil, no basta con asegurar de manera populista que dicho salario no será recibido por algunos de ellos, lo cual es legalmente imposible. Lo que realmente debe hacerse es darle carácter de urgencia en la próxima legislatura a un proyecto que no solo elimine lo dicho en el Artículo 187, sino que lo reforme de manera profunda, bajando sensatamente esa asignación y estableciendo un mecanismo de reajuste que ayude a romper las inequidades en Colombia. Lo demás es mera retórica oportunista.
 También resulta chocante que el Ministerio de Hacienda trate de defender esta decisión ante la opinión pública asegurando que el incremento para los congresistas es menor que la del salario mínimo del 2020, debido a que este año el incremento fue del 6%. Si bien eso es verdad, y el incremento para los congresistas es retroactivo, justo en este momento en que se espera el decreto presidencial del salario mínimo para el 2021 genera un ambiente que distorsiona la percepción de cualquier decisión que se tome.
 Es evidente que ante la inflación con la que termina el año y el índice de productividad del 2020, a lo que se suma que “el palo no está para cucharas” en un año especialmente crítico para la economía, el alza del salario mínimo no puede ser muy alta. Incrementar más allá de lo racional, solo para acallar los justos reclamos populares por el incremento a los congresistas sería irresponsable. Si no se busca el equilibrio en estos aspectos la urgente generación de nuevos empleos será imposible.
 
Si observamos este problema con una perspectiva más amplia, no hay duda de que en Colombia se requiere con urgencia una profunda reforma laboral que apunte a permitir una mayor generación de empleo formal, con menores cargas parafiscales, por ejemplo. Sin embargo, dar ese necesario paso en el Congreso de la República solo sería aceptable en la medida en que sea modificado allí antes el famoso Artículo 187 que hoy justifica el adefesio que ocasiona la lógica indignación general en el país.